En el año 2019 un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Guadalajara y del CIESAS Occidente reveló la existencia de al menos cuatro tipos de herbicidas (glifosato, 2,4-D, molinato y picloram) en la orina de las niñas y niños de la telesecundaria «Venustiano Carranza», de El Mentidero, en el municipio de Autlán. Dos años después el ombudsman Dr. Alfonso Hernández Barrón, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, reconoció que el trabajo periodístico derivó en la Recomendación 141.
Por: Darinka Rodríguez
Autlán de Navarro, Jalisco. 02 de agosto de 2021. (Letra Fría) En el año 2019 un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Guadalajara en conjunto con investigadores del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología (CIESAS) Occidente, reveló la existencia de al menos cuatro tipos de herbicidas (glifosato, 2,4-D, molinato y picloram) en la orina de las niñas y niños de la telesecundaria «Venustiano Carranza», ubicada en la delegación de El Mentidero, en el municipio de Autlán de Navarro.
El estudio fue realizado después de que las madres de familia de varios estudiantes de la telesecundaria manifestaran su preocupación por cierta sintomatología desarrollada en sus hijos y que incluía dolores de cabeza, náuseas, vómito e irritación en los ojos. Finalmente se descubrió que este cuadro se daba a consecuencia de que las y los jóvenes se estaban intoxicando de manera aguda con los plaguicidas que eran rociados en la parcela escolar aledaña a los salones de clases.
La visibilización del caso a raíz del trabajo periodístico, propició el inicio de una investigación oficiosa por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco. Letra Fría dio a conocer como primicia el 26 de junio de 2019, los hechos acontecidos en la comunidad mediante la publicación Investigadores encuentran plaguicidas en la orina de adolescentes de El Mentidero y a la cobertura se sumaron medios de comunicación locales, regionales y de difusión estatal y nacional.
Dos años después del comienzo de la investigación, el Dr. Alfonso Hernández Barrón, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, dio a conocer de manera pública a través de una rueda de prensa realizada el 2 de agosto, las recomendaciones dirigidas a las distintas autoridades y dependencias estatales que de alguna manera u otra tienen responsabilidad en el caso.
“Debido a la pandemia por COVID-19 que ha restringido la labor de nuestros visitadores, muchas de las investigaciones realizadas los últimos dos años han iniciado de manera oficiosa, identificamos situaciones que puedan incurrir en violaciones a los derechos humanos en los trabajos periodísticos. Es el caso de las tres actas de investigación sobre notas periodísticas del hallazgo de agroquímicos en el organismo de niñas, niños y adolescentes del Valle de Autlán, y que derivó en la recomendación 141”, comentó el Dr. Alfonso Hernández Barrón.
En la rueda de prensa, también estuvieron presentes el Dr. Aldo Iván Reynoso Cervantes, tercer visitador general de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, el Ingeniero Tunuari Chávez González, encargado de la Unidad de Análisis y Contexto de la comisión, y la maestra Katia Rico Espinoza, jefa de asuntos ambientales.
De acuerdo con la información recopilada en la carpeta de investigación del caso y presentada en la Recomendación 141 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, fueron seis las autoridades y dependencias estatales que incurrieron en la violación de normas, reglamentos o actuaron de manera negligente, lo que derivó en la vulneración del derecho a un medio ambiente sano y propicio para el desarrollo y bienestar de las niñas, niños y jóvenes de Jalisco.
Comenzando por la Secretaría de Educación, que no supervisó el uso que se le estaba dando a las parcelas escolares de los planteles educativos de la Región Costa Sur de Jalisco, pues en este caso la parcela escolar de la Telesecundaria «Venustiano Carranza» fue rentada a un particular para el cultivo de pepino, aún cuando se establece que el uso de las parcelas escolares deben ser destinadas únicamente a la investigación y divulgación de las instituciones educativas. Fue el mal manejo en la aplicación de los pesticidas de esta parcela, que eran rociados mientras las niñas y niños se encontraban en horario de clases, la causa principal de la intoxicación aguda desarrollada en los menores de edad.
¿Qué le toca a cada quién?
La recomendación evidenció que la lista de responsabilidades es larga, y acotó de manera muy puntual las omisiones que cometieron cada una de las autoridades y dependencias implicadas en el caso. Pero también apuntó qué le toca hacer a cada una de ellas para garantizar la reparación integral del daño causado a las niñas, niños y adolescentes del Valle de Autlán.
El Dr. Alfonso Hernández Barrón dijo que en el caso del presidente municipal de Autlán de Navarro y autoridades municipales de la administración, les corresponde pronunciarse a favor de las víctimas y comprometerse a reparar el daño de manera integral; lo que incluye mantener contacto los familiares de las niñas, niños y adolescentes intoxicados por agroquímicos, además de ofrecer la atención médica especializada que requieran y por el tiempo necesario, a fin de que superen las afectaciones causadas en su salud. También se les debe brindar orientación jurídica para el debido ejercicio de sus derechos como víctimas.
Por otro lado, al Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), Sergio Humberto Graf Montero, le corresponde proponer al poder legislativo un proyecto de ley o normativa que regule el uso de pesticidas en Jalisco, y que en ella se contemple la prohibición del uso, adquisición, distribución, promoción e importación de la sustancia química denominada “glifosato”, y de los agroquímicos utilizados en la región Costa Sur y Sierra de Amula que lo contengan como ingrediente activo.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, considera vital que el personal de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (PROEPA) elabore un programa de vigilancia a los generadores de residuos por actividades agrícolas, ya sean empresas o particulares que tengan campos de cultivo dentro del municipio de Autlán de Navarro, poniendo especial cuidado en aquellos que se encuentren cerca de zonas escolares.
En cuanto a la Secretaría de Salud Jalisco, se le pide que a la brevedad comience con la capacitación del personal de salud de la Jurisdicción Sanitaria VII, que atiende al municipio de Autlán y sus delegaciones, en función de que cuenten con el conocimiento necesario para detectar cuadros sintomáticos derivados de intoxicación por agrotóxicos; además de registrar las incidencias en una base de datos que sea de consulta pública, y que sea alimentada cada mes.
El presidente de la CEDHJ, también señaló que en vista de que los estudios realizados a personas intoxicadas por agrotóxicos han demostrado la existencia de un daño grave a la salud a largo plazo, las autoridades sanitarias deben ofrecer atención médica a la población de las delegaciones del Valle de Autlán, así como a los jornaleros y comunidades indígenas en contacto con cultivos donde se apliquen pesticidas, con el objetivo de detectar enfermedades crónicas causadas por intoxicación con agrotóxicos, como cáncer o daño renal crónico.
“Autoridades deben priorizar los derechos de la niñez dentro de sus decisiones, eso incluye el regreso a clases”
A tan solo unos días de que se anuncie el regreso a clases por parte del gobierno estatal, esta recomendación resulta pertinente para recordar que lo principal es cuidar la salud e integridad de las niñas, niños y adolescentes de Jalisco. De esta manera el Dr. Alfonso Hernández Barrón, aclaró que de no atenderse los puntos señalados en la recomendación no se puede hablar de un regreso a clases en las localidades de El Mentidero y Ahuacapán.
“Aunque el día de ayer se nos notificó que afortunadamente la parcela escolar ya no está en uso, aún no se puede garantizar la salud de los estudiantes. Tiene que haber garantía de no repetición. Las autoridades tienen 15 días para responder a la recomendación y posteriormente deben ir notificando de manera periódica sus avances”.
Una de las principales acciones que deben de llevarse a cabo para garantizar la seguridad de las niñas, niños y adolescentes de la telesecundaria Venustiano Carranza en El Mentidero, es la reforestación del área aledaña a la escuela. El resultado debe ser la generación de una barrera forestal que permita que el follaje amortigüe la dispersión de partículas de pesticidas que puedan estar siendo aplicados en cultivos cercanos en horarios de clases.
“Las autoridades deben priorizar los derechos de la niñez dentro de sus decisiones, eso incluye el regreso a clases. Los planteamientos incluidos en esta recomendación se están realizando también a los 125 municipios del estado, porque seguramente esta situación también ocurre en otras zonas agrícolas de Jalisco; lo que lamentablemente viola de manera grave el derecho a que las niñas y niños gocen de un medio ambiente sano y tengan una buena calidad de vida”, expuso el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco.
Aunque son cuatro menores los que están reconocidos como víctimas dentro de la Recomendación 141, la comisión recordó que lo que está pidiendo es la reparación del daño tanto individual como colectivo, lo que incluye a toda la población de El Mentidero y Ahuacapán. Por lo que esperan que los tres niveles de gobierno, tomen cada uno acciones para resolver este problema, e implementen políticas legislativas y acciones jurídicas que logren la sustitución total de herbicidas a fin de mantener la salud humana, ambiental y proteger la biodiversidad.
Ma/Ma
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