La congresista presentó un punto de acuerdo en el que solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) descongelar las cuentas bancarias, a fin de que los empleados puedan recibir el pago correspondiente.
Por: Esther Armenta
Ciudad de México, México. 16 de junio de 2020. (Letra Fría) La inactividad de fondos municipales debido al congelamiento de cuentas en al menos tres municipios de Jalisco, ha dejado a trabajadores gubernamentales sin pago quincenal, acción supuesta por la diputada federal Mónica Almeida como violación a los derechos humanos.
Ante dicho escenario, la congresista presentó un punto de acuerdo del que solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) descongelar las cuentas bancarias, a fin de que los empleados puedan recibir el pago correspondiente.
“En días pasados me di a la tarea de indagar y delinear qué acciones podía proponer para velar por los derechos de los habitantes de los municipios afectados a nivel nacional y en especial de los pertenecientes al distrito 18 de Jalisco, respecto del congelamiento de sus cuentas, razón por la cual con urgencia presenté un Punto de Acuerdo donde exhorto a los Titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Unidad de Inteligencia Financiera, para que desbloqueen las actividades financieras de las cuentas bancarias de los ayuntamientos afectados por la operación Agave Azul,” declaró Almeida a través de un comunicado.
La representante del Distrito 18 de Jalisco advirtió que la paralización de recursos transgrede el artículo 115 constitucional, incumplimiento que podría derivar en afectaciones patrimoniales.
“La población de los municipios en donde presuntamente se detectaron irregularidades en el manejo de las cuentas de sus ayuntamientos, genera falta de flujo de recursos, lo cual impide el otorgamiento de los servicios públicos y que prácticamente se encuentran paralizados e impedidos de cumplir con las obligaciones contenidas en el artículo 115 Constitucional, afectando el interés individual y colectivo, de los derechos laborales y las obligaciones contractuales del ayuntamiento en materia civil y mercantil, que puede derivar en graves afectaciones patrimoniales en detrimento de la población en general”.
En el mismo comunicado fechado al 16 de junio, se establece que fueron 1939 personas y empresas que “presuntamente están ligadas a movimientos por alrededor de mil 100 millones de dólares de procedencia ilícita”.
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