Guadalajara, Jalisco.- La Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas (FEPD) reconoció que tienen evidencia de que en 10 municipios de Jalisco el crimen organizado recluta de manera forzada a jóvenes y adolescentes.
En el informe ‘Riesgos Psicosociales en la Desaparición de Adolescentes‘ la autoridad estatal describe que entrevistas con personas que desaparecieron y lograron localizar con vida, dieron cuenta de que la trata de personas con fines de explotación laboral está presente en 10 municipios del estado, es decir, el reclutamiento forzado de parte del crimen.
Estas demarcaciones ubicadas por la FEPD son Colotlán y Huejuquilla el Alto en la zona Norte. Así como Puerto Vallarta en la Costa. Y, El Salto, Guadalajara, Juanacatlán, San Pedro Tlaquepaque, Tlajomulco, Tonalá y Zapopan.
Este 12 de febrero se conmemoró el Día de la Mano Roja que tiene su origen en generar conciencia sobre el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes en labores de fuerzas armadas. Aunque en Jalisco no hay registros de que esta práctica continúe, ahora es el crimen el que mantiene en al menos 10 municipios, la idea de forzar a las infancias y adolescencias a unirse contra su voluntad a sus filas.
En la región Sierra de Amula ni en la Costa Sur hay registros oficiales de trata de personas adolescentes con fines de explotación laboral. Pero, por ejemplo, en Autlán, se tiene datos de al menos 12 casos de personas menores de 18 años que han sido desaparecidas. De estas, a siete las encontraron sin vida y cinco siguen ausentes, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas.
Según la Fiscalía, el crimen organizado recluta a jóvenes y adolescentes en Jalisco a través de engaños mediante redes sociales.
Académicos llaman a atender la problemática
A través de la investigación titulada «Gobernando con violencia: El ejercicio de gobernanza criminal del cártel mexicano’Cartel Jalisco Nueva Generación'(CJNG)» tres académicos coincidieron en que el reclutamiento forzado de adolescentes y jóvenes es una realidad en el estado.
Carolina Sampó, de la Universidad de Meryland; Nicole Jenne, de la Universidad Católica de Chile, y Marcos Alan Ferreira, de la Universidad Federal de Paraíba Brasil, analizaron este fenómeno.
En sus conclusiones indicaron que no resulta recomendable atender la problemática sólo con el uso de la fuerza directa y generalizada hacia el crimen organizado. Esto podría generar un ambiente de violencia que afecte a ciudadanos inocentes.
Por lo tanto, llaman a generar condiciones en las que puedan terminar con la impunidad, la violencia estructural y la corrupción.
«El uso de la fuerza, por otro lado, debe ser selectivo y debe ejercerse con moderación, no sólo porque pone en peligro la vida de ciudadanos inocentes, sino porque ha demostrado ser ineficaz para derrotar a las organizaciones criminales. Muy por el contrario, a menudo a dado lugar a ataques de represalia que intensifican más la violencia».
A la población le piden exigir a las autoridades acciones reales para atender este tipo de problemáticas. Las organizaciones de la sociedad civil resultan clave en este tipo de presión, precisan.
