Encuentros | El recuento de los daños

Por: Oswaldo Ramos

Guadalajara, Jalisco. 20 de mayo de 2019. (Letra Fría) Los últimos quince días el infierno se desató en el país. Vimos arder regiones enteras, toda la sierra se vio cubierta por un velo gris proveniente de lo que fueran pino, encino y selva baja caducifolia. Los árboles se hicieron cenizas.

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Ante la contingencia desatada estuvimos rodeados de la espesa bruma que los vientos arrojaban a núcleos urbanos, mientras una luz anaranjada se proyectaba sobre nosotros. Todo esto detonó la alarma de personas, organizaciones y actores políticos exceptuando al propio gobierno, quien se notó rebasado ante la significante catástrofe. En medio de la crisis, el gobierno intentaba proyectar cierta tranquilidad, como si esos incendios desproporcionados fueran algo totalmente normal.

El interior del Estado padece a los aguacateros mientras que el Área Metropolitana de Guadalajara respira las cenizas del Bosque de La Primavera que se extingue ante la voracidad inmobiliaria. Quienes estuvimos inmersos en lo que parecía el segundo círculo del infierno, vencidos por la tormenta infernal de humo, pudimos constatar lo aberrante que resulta el despojo producido por la ambición de intereses particulares: más de 12 mil hectáreas de bosque en el Sur de Jalisco que fueron reducidas a cenizas, una cifra cercana a la cantidad total de incendios del año pasado (13,311 Ha).

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Las lecciones que nos dejan los incendios en el Sur de Jalisco son muchas, no solo a la sociedad civil, sino a todos los órdenes sociales y de gobierno. Quedó claro que no existen protocolos que prevengan emergencias ambientales; que como sociedad aún nos vemos técnicamente limitados para actuar con base en criterios de seguridad; que el gobierno no cuenta con las herramientas necesarias para su labor esencial: coordinar el cuidado del medio ambiente y la atención a la emergencia de forma oportuna.

El sector agroindustrial es el principal acusado como causante de los incendios en el Sur, quizá se podrá suponer que estamos tomando a nuestro villano favorito, pero si algo nos han enseñado las empresas aguacateras es a desconfiar.

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Académicos y habitantes de las regiones afectadas señalan que la violación a la veda de 20 años decretada para predios incendiados se debe a la tácita alianza establecida entre empresarios y autoridades, por ello los incendios desatados en la región se ven como una práctica de desmonte donde el principal beneficiado es el sector del agro.

El estado de derecho se deberá hacer valer para los casos en donde se encuentren relaciones directas entre empresas y la provocación de incendios, aunque también nuestra responsabilidad como sociedad civil está en informarnos sobre qué prácticas están favoreciendo a los mismos incendios. Ya lo decía Don Jesús, un sembrador con el que platicaba hace unos días: “Los del aguacate que se ponen a hacer desmonte lo hacen a la brava, sin guardaralla. Nosotros cuando queremos sembrar hacemos lo mismo, nomás que acá sí sabemos controlar el fuego, cuando no ´pos echamos grito porque a fin de cuentas son las tierras de uno”. A lo que Don Jesús hace referencia es a los pequeños cuamiles o ecuaros, esos espacios de agricultura tradicional que ejercen todavía para el autoconsumo ubicados en laderas donde para sembrar primero deben incendiar la hierba que creció después de la cosecha anterior, marcando el territorio de la quema con guardaralla, un trecho que se dejaba sin hierba para que el fuego no se extendiera. Si bien estos espacios no son los únicos causales de los incendios, también debemos comenzar a pensar en prácticas agrícolas más sustentables, no importa para quién sean, pues la tierra es compartida y el beneficio siempre deberá ser común.

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Por último, se debe reconocer la labor de las comunidades, quienes fueron héroes sin capa. En comunidades y ejidos afectados las personas levantaron la mano, quizá sin conocimiento técnico sobre el control de incendios, pero dieron lo mejor de ellos, logrando al final ser de nuevo las personas que salvaron su entorno natural.

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