Por: Pie de página | Alianza de medios
Fotografía: El Universal
Una sequía ocurrida diez años atrás debió poner en alerta máxima a las autoridades. Sin embargo, echaron todo al saco de las improvisaciones y hoy cinco millones y medio de habitantes sufren la peor crisis de escasez en su historia.
Monterrey, Nuevo León. 29 de julio de 2022 (Letra Fría). A principios de 2011, el año en el que llegó para residir de manera temporal en Monterrey, David Ortega-Gaucin iba preparado para emprender una investigación que, dos años más tarde, habría de ofrecer un diagnóstico terminal para la producción agrícola de la zona. Nuevo León y el resto del norte mexicano se adentraba a una de sus peores sequías y no estaba ni de cerca preparado para enfrentar de manera integral una contingencia climática de tal nivel.
Lo que el investigador del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) halló en esos meses de documentación y trabajo en campo puso en sus manos evidencia suficiente para concluir, como si lo viera en una bola de cristal, el futuro catastrófico de estos días. Si bien su investigación estuvo primordialmente enfocada en los procesos agrícolas, advirtió las carencias de infraestructura y tecnología bajo la administración de un gobierno sin demasiada conciencia de lo que se avecinaba.
“Se debe tener en cuenta que la sequía es un fenómeno persistente y recurrente, por lo que con una planeación integral claramente definida se lograría evitar la improvisación que solo permite solventar parcialmente la emergencia sin resolver el problema de fondo”, diría Ortega-Gaucin a finales de 2012, al presentar las conclusiones de su investigación ante autoridades del Instituto del Agua del Estado de Nuevo León.
Diez años después, Ortega es testigo de las convulsiones desatadas por la sequía y desabasto actuales. “Es claro que hubo una falta de previsión desde el gobierno anterior en cuanto a la implementación de medidas preventivas y de mitigación”, señala. “Esa ha sido lamentablemente la razón por la que, no solo en Nuevo León, sino en otras regiones del país, se ha caído en crisis recurrentes que habrán de ser más catastróficas no tanto por la sequía sino por la manera en la que los gobiernos gestionan el uso del agua”.
La sequía de 2011, punto de referencia para muchos especialistas que hoy miden los estragos de la falta del recurso en el Área Metropolitana de Monterrey (AMM), tuvo un grado de severidad mayor al que se sufre hoy. Sin embargo, la causa por la que no se sintió como ahora, fue porque un año antes pegó el huracán Alex. Al tiempo que las aguas del meteoro desbordaban al río Santa Catarina, estropeando arterias fundamentales en la ciudad, llenaban hasta el tope las tres presas que abastecen a la población. El agua nunca faltó.
Pero en los márgenes de la zona urbana, la falta de lluvias tuvo un efecto diferente. El desorden de las políticas que regulan la actividad agrícola y ganadera, así como la mala administración de los recursos naturales, tuvieron un primer impacto que debió preocupar a las autoridades. La deforestación y el sobrepastoreo degradaron unos seis millones de hectáreas, equivalentes al 92 por ciento de la superficie estatal. La reducción de recursos forestales, erosión y merma de fertilidad alcanzaron niveles casi irreversibles de desertificación, señaló Ortega en su investigación.
Con ese cuadro, la intervención institucional con proyectos para contener y posteriormente revertir los efectos de la sequía -un fenómeno recurrente a través de los siglos- debió ser apremiante. Pero nada pasó. Desde entonces no ha vuelto a repetirse un solo fenómeno pluvial suficiente para mantener niveles sanos en las presas. Tampoco se tecnificaron los sistemas agrícolas, que en su mayoría operan de forma tradicional, ni se invirtió para acrecentar plantas tratadoras ni perforar pozos de manera sistemática.
Nuevo León es el espejo en el que deben verse al menos las entidades vecinas. La sequía de 2011 tuvo efectos negativos en casi la totalidad del suelo nacional. Ante ello, en 2013, se puso en marcha un Programa Nacional Contra la Sequía, convocado por el gobierno federal. Acudieron los consejeros de las 26 cuencas existentes y se redactó un documento al que llamaron Programas de Medidas Preventivas y de Mitigación de la Sequía, con diseños específicos para cada región.
Lo escrito en esos programas no tuvo implementación en ninguna de las cuencas. O apenas existieron bocetos en el mejor de los casos. La idea de prepararse para un próximo ciclo de agostamiento era prevenir escenarios como el que ahora atraviesa Nuevo León, con los recursos superficiales en punto cero y movilizaciones sociales jamás vista en ninguna crisis del pasado reciente.
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