Medio siglo de espionaje político al feminismo mexicano

El Estado mexicano, desde el periodo de la represión posterior a la masacre de Tlatelolco, ha erogado del erario recursos para investigar, perseguir y espiar a grupos feministas, que dicho por el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, han intentado “afectar su gobierno”. Nadie dentro del aparato de Estado explica cuál es la utilidad real de esta persecución.

Por: Pie de Página | Alianza De Medios

Ciudad de México. 03 de marzo de 2023. (Letra Fría).- Pruebas documentales resguardadas en el Archivo General de la Nación (AGN), pero emitidas desde los bunkers de inteligencia de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), así como información extraída de la filtración #GuacamayaLeaks relacionada con los sistemas de comunicación (correos electrónicos e informes de seguridad) de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), revelan medio siglo de espionaje gubernamental en contra de agrupaciones de mujeres feministas y algunos grupos de la comunidad LGBT+ en México.

Anuncios

Gallery

El contexto de espionaje y violencia en contra de grupos autodenominados “de izquierda o comunistas” en el México posterior a la aparición de la llamada “Brigada Blanca”, no ha cambiado, ni con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador del partido Morena.

Este operativo (la Brigada Blanca) fue fundado por el Partido de la Revolución Institucional (PRI) para realizar tareas operativas del Terrorismo de Estado operado desde el gobierno de México orquestado por el aparato de seguridad nacional del expresidente Luis Echeverría Alvarez. Su principal objetivo fueron integrantes, familiares y amigos de grupos opositores al periodo de la represión. En particular, en contra de las operaciones de la Liga Comunista 23 de Septiembre (LC23S).

Anuncios

Apysa

Un mal que no se desvanece con los años. A pesar del tiempo transcurrido, medio siglo, los Elementos de la Defensa Nacional (actuales y algunos fuera de servicio), se organizaron para perseguir asociaciones y colectivos feministas: de sus trabajos, escuelas o centros de recreación, hasta sus casas. Todo con el fin de extraer información que pudiera servir  al Estado como estrategia para contrarrestar los movimientos sociales.

En concreto, la documentación analizada por Colectivas Organizadas Contra el Espionaje (COCE) – del que PODER es integrante y cofundador – comienza con fichas estratégicas de los primeros grupos feministas en el país registrados en 1974; y concluye a finales del año 2019 con las revelaciones del grupo de hackers Guacamaya a las que esta colectiva tuvo acceso.

Respecto a lo analizado de la Dirección Federal de Seguridad, por el contexto temporal, se encontraba concentrando esfuerzos en recolectar información de todas las activistas que formaran parte de los grupos a favor de la interrupción legal de embarazo.

En específico, las fichas recolectadas por los militares y policías que integraban el cuerpo de seguridad, lograron acumular 30 identificadores de la Coalición de Mujeres Feministas (CMF), la colectiva con mayor número de expedientes relacionados con esa época. La Coalición de Mujeres Feministas era una organización fundada a principios de los años 70’s del siglo pasado de la cual se tienen múltiples registros de su activismo, principalmente en hemerotecas y bibliotecas en todo el país.

Según revelan estos mismos informes, la CMF era dirigida por dos mujeres: Frances Jaime y la periodista de la revista Proceso, Anne Marie Mergier. Los militares  seguían a sus manifestaciones, coloquios o reuniones (públicas o privadas) con el objetivo de recolectar información relacionada a la militancia proaborto en México.

Sobre la información recolectada por la Secretaría de la Defensa Nacional, COCE tuvo acceso exclusivo a un informe. En este, se revelan datos personales de siete perfiles perfectamente conectados entre si, y son puestos en evidencia por la SEDENA ante las autoridades como “posible amenaza”. La recolección de estos perfiles se anexa junto a sus datos personales, fotografías de sus rostros, de sus viviendas, registro de sus amistades y actividades sociales (particularmente Facebok, Instagram y Twitter).

Sin embargo, nada de lo reportado apunta a que se trate de un grupo que pudiera realmente poner en riesgo la seguridad nacional. Se trata sólo de mujeres activistas. Todas ellas estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde resaltan una menor de edad y una persona transfemenina. El “crimen” según SEDENA: realizar activismo a favor de los derechos de las mujeres. Es decir, ser feministas.

Para leer el contenido completo, sigue leyendo en sitio de Pie de Página.

Este contenido fue publicado originalmente en Pie de Página que forma parte de la Red de Periodistas de a Pie.

Deja una respuesta

Your email address will not be published.

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos y para mostrarte publicidad relacionada con sus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación. Contiene enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas que podrás aceptar o no cuando accedas a ellos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Configurar y más información
Privacidad