Perito sugiere simulación de suicido en cárcel de Zapotlán del Rey

Por: Decisiones | Red Macollo

Emite CEDHJ 13 recomendaciones a presidente de Zapotlán del Rey tras muerte de preso en 2019.

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Decisiones.- Perito Auxiliar del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco sugiere que la muerte de un preso en la cárcel de Zapotlán del Rey el pasado 07 de febrero de 2019 es consistente en grado moderaro con una simulación de suicidio. Esto tras su investigación pericial en la cual destaca que tras la necropsia las características del ahorcamiento no son propias de una viva. 

Esta información fue dada a conocer como parte de la recomendación 19/2022 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ). En la cuál, el peritaje médico de Ricardo Tejeda Cueto, también afirma que la muerte de la víctima: “Sí se dió por asfixia por ahorcamiento, pero que las lesiones que presentó el cadáver fueron producidas cuando se encontraba a disposición de la Policía Municipal de Zapotlán del Rey”, complementa en su dictamen. 

Este peritaje se entregó por parte de Tejeda el 3 de enero de 2022 como parte de los documentos que utilizó la CEDHJ para realizar su recomendación. 

Personal de la Comisión visitó los 125 municipios del estado tras la recomendación general 02/2020 en la cuál le pidió a cada uno realizar protocolos y adquirir insumos que permitieran la protección de derechos humanos de las personas detenidas en las cárceles de Jalisco, esto para identificar avances en la recomendación, al llegar a Zapotlán del Rey tuvieron conocimiento de la muerte de la víctima por lo que iniciaron una queja de oficio. 

La víctima fue detenida el 7 de agosto de 2019 alrededor de la 1:00 de la tarde por Arturo Chávez Aguilar, posteriormente el médico Enrique Sánchez Velázquez realizó un dictámen médico en el que informó que el detenido no presentaba lesiones. A las 5:00 de la tarde, dos policías de guardia, Martha Alejandra Razo Ramírez y J. Cleotilde Salcedo Aguilar acudieron a la celda para que reconociera a su cómplice, cuando llegaron éste yacía colgado con una sábana de un barrote.  

Así comenzaron a recabar testimonios entre los que destacó el de la madre de la víctima quien le contó a un visitador haber sido víctima de extorsión por parte de policías en varias ocasiones: “Le dijo que eso era un cuento, que ellos lo habían matado, que a su hijo ya le decían la alcancía, porque a cada rato lo detenían y para soltarlo, ella les tenía que pagar de $8,000.00 a $9,000.00 pesos que le pedían” relata la recomendación 9321/2020/III.

Además la madre de la víctima relató que ella fue a llevarle comida después de las 5:00 pm, cuando ya había muerto su hijo y los policías sólo le dijeron que estaba incomunicado y que no lo podía ver por lo que le pidieron que se fuera, fue hasta las 10:00 de la noche cuando le informaron del deceso. 

Para realizar la recomendación, la CEDHJ le pidió al Ayuntamiento información referente al caso tres veces, el 17 de noviembre de 2020, el 2 de marzo de 2021 y el 5 de agosto de 2021 sin embargo, no fue hasta el 18 de agosto cuando contestaron las peticiones de información a la CEDHJ. 

Emiten 13 recomendaciones 

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) emitió 13 recomendaciones al presidente municipal de Zapotlán del Rey ante el posible crimen ocurrido en la cárcel municipal. 

La única entidad a la que se dirige la recomendación es al alcalde, quien tendrá que reparar y atender de manera integral a las víctimas indirectas, entre estas acciones se incluye la atención médica y psicológica, en especial en términos de tanatología. Además tendrá que gestionar la inscripción de la familia en el Registro Estatal de Víctrimas. 

El ayuntamiento tendrá que trabajar en un protocolo para el arribo de detenidos que incluya la atención psicológica, legal y médica adecuada, para asegurar que las personas detenidas conozcan sus derechos y se encuentren con salud dentro de la cárcel municipal, lo cual incluye la adquisición de cámaras de videovigilancia para que se pueda tener en vigilancia a los presos las 24 horas del día. 

Dentro de este protocolo deberá existir un registro de visitas de familiares, de abogados defensores y de registros de llamadas telefónicas y un momento para notificar a la persona detenida acerca de los motivos de su detención. 

También tendrá que iniciar una investigación administrativa en contra del director de Seguridad Pública, Antonio Moreno Muñoz, los policías Martha Alejandra Razo Ramírez, cabinera, J. Cleotilde Salcedo Aguilar, José Guadalupe Moreno Salcedo, así como a Enrique Sánchez Velázquez, médico actualmente adscrito en el Centro de Salud de Zapotlán del Rey quienes atendieron el servicio en el cual perdió la vida la víctima. 

El presidente deberá ofrecer una disculpa pública a las y los familiares de la víctima con la mayor difusión posible y capacitar acerca de lo que son los  Derechos Humanos y del deber de denunciar conductas violatorias a éstos. 

CEDHJ pide apoyo a instituciones involucradas 

La CEDHJ realizó una petición a la Fiscalía de Jalisco para que inicie una investigación en relación a la carpeta de investigación que integró la Agencia del Ministerio Público de Poncitlán para en caso de resolverlo así generar un procedimiento administrativo en contra de los agentes del Ministerio Público responsables en su momento, de conducir la investigación debido a que después de tres años no finalizó la investigación. 

Esto en razón de que durante la investigación el ministerio público de Poncitlán no permitió el acceso de la Comisión a la carpeta de investigación ni dio información acerca del avance y en dos años no detectaron alguna responsabilidad hacia alguna autoridad. El agente del ministerio público a quien le tocó abrir la carpeta de investigación fue Gerardo Zuno Arevalo, quien posteriormente continuó trabajando en Atotonilco el Alto. 

La CEDHJ pidió al secretario de técnico de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, que inscribieran a las víctimas indirectas para que pudieran acceder al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral que considera la ley. 
En la recomendación general 02/2020 dirigida a los 125 municipios de Jalisco se pueden leer diferentes las acciones e insumos que requieren los ayuntamientos para asegurar detenciones respetando los derechos humanos de las personas detenidas.

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