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Por prestación indebida del servicio público, las principales quejas ante la CEDHJ contra Ayuntamiento de Autlán

Durante 2021, un total de 127 presuntas violaciones a los derechos humanos por ‘prestación indebida del servicio público’ fueron incluidas en las quejas contra el Ayuntamiento de Autlán de Navarro.

Palacio municipal de Autlán. (Foto: Esther Armenta)

Por: Lauro Rodríguez

Autlán, Jalisco. 19 de enero del 2022. (Letra Fría).- En 2021, el Ayuntamiento de Autlán fue de las autoridades que más quejas acumularon ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ). En datos del organismo, tuvo un total de 187, solo por detrás de los ayuntamientos de Tonalá, con mil 573; Tlaquepaque, con 805; Guadalajara, con 413, y Zapopan, con 412.

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147 de esas 187 quejas contra el Ayuntamiento de Autlán de Navarro ya aparecen en la estadística de quejas de la CEDHJ; del resto, informarán en febrero en la rendición de cuentas anual. En esas 147 quejas transparentadas se reflejan 277 posibles violaciones a los derechos humanos provocadas por las autoridades municipales (una queja puede señalar más de un derecho presumiblemente violado).

La mayoría de los quejosos denunció ‘prestación indebida del servicio público’. De acuerdo con el “Catálogo de hechos violatorios de la Recopilación de Información de los Organismos Públicos de Protección y Defensa de los Derechos Humanos en México” del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), una autoridad ejerce una prestación indebida del servicio público cuando “presta de forma inadecuada algún servicio público, afectando de forma directa el ejercicio de un derecho (alumbrado público, servicios de limpieza, vías de comunicación, regulación de la tierra, etc.)”. Es decir, niega, omite, retrasa y obstaculiza el acceso a un derecho público por medio de sus decisiones en el ejercicio del servicio público.

Durante 2021, un total de 127 presuntas violaciones a los derechos humanos de este tipo fueron incluidas en las quejas contra el Ayuntamiento de Autlán de Navarro.

Contra la integridad y seguridad personal

En segundo lugar se encuentran las quejas por presuntas violaciones al derecho a la integridad y seguridad personal. De acuerdo con el catálogo antes mencionado del Inegi, este derecho “implica el reconocimiento de la dignidad inherente al ser humano y, por lo tanto, a que se respete su integridad física, psíquica y moral”.

Las autoridades pueden violarlo por medio de la tortura, las lesiones, tratos crueles o inhumanos o por omisiones como no brindar protección contra la esclavitud, la trata de personas o contra cualquier tipo de violencia.

Desde las policías suele darse este tipo de violaciones a los derechos humanos, ya que son más frecuentes cuando está de por medio la detención de una persona. Sin embargo, la CEDHJ no explica en su estadística el fondo de cada queja.

En 124 ocasiones, las quejas ante la CEDHJ incluyeron presunta violación al derecho a la integridad y seguridad personal.

En seguida estuvieron las quejas por violación al derecho a la legalidad y seguridad jurídica (9); negativa o inadecuada prestación de servicios en materia de agua (4); violación al derecho a la protección de la salud (3); a los derechos ambientales (3); ejercicio indebido de la función pública (3); al derecho a la igualdad y trato digno (1); discriminación (1); a los derechos personales de personas con algún tipo de discapacidad (1), y por amenazas (1).

Recomendación

De las 147 quejas ya incluidas en la estadística de 2021 de la CEDHJ, solo una derivó en recomendación; 133 están en proceso de acumulación; cinco, en recepción de informes; cuatro, en archivo; dos, en periodo probatorio, y dos, en propuesta de conciliación.

La recomendación emitida es la 170/2021 por omisiones en el cumplimiento de garantizar el acceso de personas con discapacidad a los servicios públicos municipales.

Esta recomendación la emitió al CEDHJ el 22 de noviembre de 2021. En el texto, la CEDHJ narra que el ayuntamiento viola los derechos de la legalidad y seguridad jurídica, a la igualdad, al trato digno y no discriminación, así como a los derechos de las personas con discapacidad.

El 21 de marzo, la CEDHJ abrió la queja de oficio y el 12 de abril, requirió información al Ayuntamiento de Autlán, aún encabezado por Miguel Ángel Íñiguez Brambila, a través de un cuestionario enviado por correo electrónico. En respuesta a las 22 preguntas de la CEDHJ, el entonces alcalde aceptó que en el municipio no hay reglamento, accesibilidad, políticas públicas o recursos destinados para atender a las personas con discapacidad y garantizarles el acceso a los servicios públicos. Solo dijo contar con algunos programas a través del DIF. De 22 tópicos a revisar, Autlán no cumplió en 19 y, en tres, solo de forma parcial.

La queja llegó el 22 de noviembre toda vez que, pese a aceptar la nula planeación al respecto, las cosas no cambiaron. No se creó el reglamento, no hubo presupuesto ni acción alguna.

En el municipio, el 14.82 % de la población tiene algún tipo de discapacidad, por lo tanto, la CEDHJ consideró que es necesario actuar en consecuencia. En números concretos, de las 64 mil 931 personas que viven en el municipio, 9 mil 624 tienen alguna discapacidad y mil 579 de ellas, no cuentan con afiliación a algún servicio médico. Los datos los recopiló la CEDHJ del Inegi.

Ante esta falta de iniciativa, la CEDHJ emitió una recomendación con 22 acciones sobre cómo cumplir con cada uno de los tópicos revisados. Entre estas están crear un reglamento en materia de inclusión, contratar personal especializado e instalar mesas de trabajo para revisar la situación del municipio.

Otras autoridades

Además de quejas dirigidas al Ayuntamiento de Autlán, la CEDHJ también reportó que ingresaron quejas contra la dirección de Seguridad Pública de Autlán, el DIF municipal y el Centro Integral de Justicia Regional (Ceinjure).

En 2021 ingresaron tres quejas contra la policía municipal por lesiones, detención arbitraria, y violación al derecho a la legalidad y seguridad jurídica. Al DIF, ingresó una por prestación indebida del servicio público. Y, al Ceinjure ingresaron dos por violaciones a los derechos de los reclusos o internos, a la libertad y a la legalidad y seguridad jurídica.

LR/GM

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