“Te acuestas, pujas y te vas”: violencia obstétrica en Jalisco

En 2016, 36.4% de las jaliscienses fue víctima de maltrato en la atención obstétrica de su último parto, cifra por encima del promedio nacional de 33.4%. Insultos, regaños, burlas, amenazas, indiferencia, humillaciones, y por supuesto, faltas a una debida atención médica, son las formas más comunes que adopta este tipo de violencia.

Por: Mariana Quintero

Guadalajara, Jalisco. 26 de agosto de 2020. (Letra Fría) “Diana” recordó que una vez su camilla, después de pasar por quirófano, escuchó a los practicantes preguntar a la doctora que la había atendido, qué pasaría con el acta del bebé muerto; ella oyó que la médica les respondió, “escribe lo que sea, ya se murió”, en tono de burla. “Tuve un trato algo indiferente por algunas personas; incluso [después de la pérdida del bebé] me dejaron en piso junto con otras mamás”, dijo.

Lo anterior es un caso de violencia obstétrica, que según el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), se trata de una violación a los derechos humanos que vulnera la integridad, salud y autonomía reproductiva de las mujeres. Confluyen la violencia institucional y la violencia de género, y ocurre durante la atención del embarazo, parto y puerperio (periodo después del parto) en hospitales públicos y privados”.

En Jalisco pasar por la atención obstétrica representa ser una potencial víctima de violencia, así lo confirman las quejas presentadas ante la Comisión de Arbitraje Médico de Jalisco (CAMEJAL) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ). Insultos, regaños, burlas, amenazas, indiferencia, humillaciones, y por supuesto, faltas a una debida atención médica, son las formas más comunes que adopta este tipo de violencia.

De 2015 a 2017, según los informes anuales de la CAMEJAL, se recibieron 72 quejas en las especialidades de ginecología y obstetricia. En 2015 ocuparon el primer puesto, con 33; para 2016 bajaron al segundo sitio, con 21, solo después de traumatología que reportó 28 quejas; en 2017, la ginecobstetricia nuevamente se posicionó en primer puesto junto a traumatología, con 18 quejas.

Lo anterior se traduce en que estas dos especialidades son las que más quejas reporta la CAMEJAL, al menos en ese periodo. Es importante aclarar que, la o el ginecobstetra, puede atender casos de obstetricia y/o ginecología, es por ello que en las cifras se contemplan ambas especialidades.

Se intentó obtener el número de quejas registradas de 2018 a 2020 vía transparencia, pero a la fecha de publicación de este reportaje no se obtuvo respuesta. Esto pese a que los plazos de transparencia, que se mantenían suspendidos por la pandemia, se reanudaron el pasado el pasado 5 de agosto. También se ejerció presión vía telefónica, pero no se envió la información solicitada.

Sin embargo, se pudo obtener un registro publicado en la Plataforma Nacional de Transparencia (PTN) de las quejas hechas ante la CAMEJAL de enero a julio de 2019. Durante este periodo, las especialidades de ginecología y obstetricia registraron 14 quejas; en ese periodo también se mantuvieron a la cabeza con la mayor cantidad de quejas reportadas.

En cuanto a la CEDHJ, de enero de 2015 al 30 de junio de 2020 se presentaron 43 quejas y nueve recomendaciones por negligencia médica en la atención del embarazo, parto y puerperio, según la solicitud de información con folio 03843620.

Es de destacar, que 2017 fue el año que más quejas registró, con 13; y es durante el parto, cuando generalmente sucede la inadecuada prestación del servicio médico, pues es aquí donde se concentran el 78.57% de las quejas.  

Otro dato que llama la atención es que según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) de 2016, Jalisco es la séptima entidad del país con mayor registro de maltrato en la atención obstétrica en el periodo de 2011 a 2016, en mujeres de entre 15 y 49 años de edad. En porcentajes, el 36.4% de las jaliscienses se encontró en esta situación durante su último parto, por encima del promedio nacional de 33.4%.

Las entidades que más alto porcentaje alcanzaron fueron Estado de México (39.5%), Ciudad de México (39.2%), Tlaxcala (37.7%), Morelos (37.2%) y Querétaro (36.9%). La ENDIREH es la primera encuesta nacional que incorporó un apartado sobre atención obstétrica. 

Sin tipo penal, ni estándares médicos respetados del todo

En febrero de 2014, Fabiola Loya Hernández, diputada y entonces presidenta de la Comisión de Equidad de Género de Jalisco, propuso tipificar la violencia obstétrica dentro del Código Penal del Estado. Al final se decidió que no se tipificaría porque ya existía el delito de lesiones, que establece sanciones a quien “menoscabe la salud del otro”.

Cuando esta propuesta se llevó a discusión en 2015, parte el gremio médico se opuso, pues señalaban que legislar en esta materia significaría una criminalización para su labor. “Es estigmatizante, es discriminatorio, es agresivo, es denigrante para nuestra profesión”, dijo entonces Sergio Fajardo Dueñas, médico del Hospital Civil de Guadalajara, según publicó el diario Milenio. 

Al respecto, Alma Jéssica Velázquez Gallardo, abogada e investigadora de la Universidad de Guadalajara (UdeG) enfocada en derecho de los pacientes y sector salud, mencionó que no basta con que exista el delito de lesiones:

“por la incidencia que tiene esta conducta de violencia obstétrica, deberían de establecerse un tipo penal, primero para hacerlo visible, y segundo para que esto se frené de alguna manera”, dijo

En noviembre de 2019, se aprobó a nivel federal un dictamen para incluir el término de violencia obstétrica a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley General de Salud. Esta propuesta, abanderada por la diputada morenista, María Wendy Briceño Zuloaga, la define como “toda acción u omisión intencional del personal de salud, público o privado, que dañe física o psicológicamente, denigre o discrimine a la mujer durante el embarazo, el parto y puerperio”.

Por otro lado, para regular la práctica ginecobstétrica a nivel nacional, existe la Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA-2016. En ella se señala que, además de realizar actividades preventivas, es necesario eliminar algunas prácticas de rutina que ponen en riesgo a las madres y sus bebés. Las normas oficiales son regulaciones técnicas expedidas por las dependencias competentes y son de carácter obligatorio.

Asimismo existe la Guía de Práctica Clínica (GPC) “Vigilancia y Manejo del Trabajo de Parto en Embarazo de Bajo Riesgo”, elaborada por el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica (CENETEC), órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud. Ahí se estipula, por ejemplo, que las mujeres deben recibir un trato digno, que deben mantenerlas informadas constantemente y les deben pedir su aprobación sobre los procedimientos que les realizan.

Sin embargo, pese a la existencia de estos documentos, en la realidad son comunes las negligencias y maltratos, además de las prácticas médicas consideradas “de rutina”, algunas de ellas realizadas sin indicación. Las más comunes son la tricotomía, es decir, rasurar el vello púbico; la episiotomía, corte vaginal que se realiza durante el parto y que en ocasiones se sutura sin anestesia; además del suministro de oxitocina, medicamento que acelera las contracciones. 

También es habitual que se realicen cesáreas, aun cuando hay condiciones para un parto vaginal. Tal fue el caso de Nohemí, quien una vez en trabajo de parto había alcanzado los nueve centímetros de dilatación, sabía que podía ser parto vaginal, pero le dijeron que sería cesárea. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que la tasa de cesáreas sea del 15%, sin embargo, en México es de 45.5%, es decir, tres veces más de lo estipulado.

Cuando su bebé nació, Nohemí intentó amamantarla pero no pudo, fue entonces que solicitó fórmula a las enfermeras y se la negaron. A consecuencia de ello, su hija pasó 12 horas sin ser alimentada; “A mí la verdad no me gustaría que nadie pasara lo que yo pasé, porque de verdad te obligan a tener tu parto como ellos quieren, por la forma en que te tratan”, comentó esta paciente atendida en la clínica 110 del IMSS. 

Para Samanta estas negligencias también se vieron presentes cuando fue atendida en Centro Médico de Occidente, durante su primer y único parto: 

 “En el seguro social no suelen informar a las pacientes acerca de nada de lo que le están haciendo, entonces yo ya estaba mentalizada (…) es tan rutinario para ellos que casi casi lo quieren hacer como comida rápida, es un te acuestas, pujas y te vas”, dijo. 

Uno de los episodios que recordó fue durante labor de parto; ella tenía cinco minutos desde que le habían puesto la anestesia y la medicación para acelerar las contracciones, cuando la trasladaron a paritorio. Ahí:

“la ginecóloga encargada se puso un guante y literal, me trató de meter el puño completo [en mi vagina], cuando no pudo hacerlo, comentó ‘yo así no puedo trabajar’, se quitó el guante y se retiró”, contó. 

A todo esto se sumó que, una vez que pudo parir, la intentaron convencer de que no se hiciera la Oclusión Tubaria Bilateral (OTB), método anticonceptivo definitivo que consiste en la ligadura de trompas. “¿Estás segura, que no vas a querer tener otro? Todavía tienes la oportunidad”, le preguntó la ginecóloga que la atendió. Samanta le explicó que era por una cuestión de salud, pues tiene lupus y eso provoca que sus embarazos sean de alto riesgo. Pese a ello, ante la negativa de Samanta, la médica se tornó hostil. 

Velázquez Gallardo explicó que: 

“como que las propias pacientes justifican la situación pensando que, como son tantas personas las que se deben atender entonces no cabe una atención afable, adecuada, respetuosa cuando es otro de los derechos que tenemos: recibir una atención médica con respeto”. 

SSJ no reconoce el problema

De febrero a julio de 2016, Gabriela Gil Veloz, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), elaboró el artículo “Modelos de partería en Jalisco”, mismo que formó parte del proyecto “La Partería en México desde el punto de vista de las usuarias” coordinado por Graciela Feyeremuth Enciso, también investigadoradel CIESAS y quien forma parte del Observatorio de Mortalidad Materna (OMM). 

En enero de 2018 Gil Veloz le propuso al entonces Secretario de Salud en Jalisco, Alfonso Petersen Farah, que sostuvieran una reunión para charlar sobre los resultados de su estudio, para el que se realizaron 42 entrevistas con mujeres de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), la sierra huichola y los altos de Jalisco. El encuentro se suscitó el 17 de enero de ese mismo año; sin embargo, Gil Veloz no fue atendida por Petersen, sino por el Dr. Mario Márquez Amezcua, entonces Director de Salud Pública.

Los hallazgos de dicho artículo, publicado oficialmente en 2019,  reportaron que la violencia y el maltrato en los hospitales de Jalisco, principalmente en los públicos, eran una constante. Se expuso que en algunos de ellos faltaban servicios básicos como agua potable y para beber. También se documentó que ni en los centros de salud, ni los hospitales de la zona del norte de Jalisco se contaba con personal que hablara la lengua indígena de la región.

Sin embargo, Márquez Amezcua cuestionó la metodología de la investigación, y mencionó que él esperaba una muestra más representativa y con mayor seriedad; 

“su comentario fue ‘por 42 mujeres que fueron maltratadas no voy cambiar el sistema de salud’, o algo así, como diciendo que no eran suficientes estadísticamente (…) después aceptó que no haría nada porque solo le quedaba un mes de cargo”, recordó Gabriela.  

Meses después de la reunión, en agosto, la CEDHJ emitió el pronunciamiento 10/2018 en el que señaló que en el Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos se habían reportado patrones sistemáticos de violaciones a los derechos humanos de las mujeres y bebés que ahí se atendían. Dentro de las peticiones se le exhortó a Petersen Farah a que mejorara la infraestructura del nosocomio y las condiciones laborales del personal, además de la impartición de cursos sobre servicio público. 

Un antecedente a destacar también, es que en 2017 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación general 31/2017; en ese documento se expuso que las mujeres que recibían atención obstétrica en el país eran constantemente violentadas en las instituciones de salud. Y se recomendó, entre otras cosas, la creación de políticas públicas en pos de una atención con perspectiva de género y derechos humanos. 

En ese mismo 2017, pero en Jalisco, el entonces Secretario de Salud del estado, Antonio Cruces Mada, dijo que en la no existía la violencia obstétrica y argumentó que la entidad no había recibido ni una sola queja formal sobre ello, esto pese a que se le increpó sobre 40 casos ocurridos durante 2016. Actualmente este ex-funcionario tiene abiertas 13 carpetas de investigación por desvío de recursos. 

“Dependemos del gobierno para incorporar esa perspectiva humanizada, porque finalmente son hospitales públicos”, lamentó Gil Veloz. Después del encuentro con la Márquez Amezcua, actual director general de Prevención y Promoción a la Salud, la investigadora no volvió a tener contacto con la Secretaría de Salud Jalisco para charlar sobre este tema. 

Mortalidad materna a la alza en Jalisco

En 2015, Jalisco se encontraba en noveno lugar en mortalidad materna a nivel nacional; para 2019 ya alcanzaba el cuarto lugar. En cifras, el estado pasó de 34 a 46 muertes maternas anuales, en un lapso de cuatro años, esto según cifras del OMM.  “Las mujeres que se mueren son las que no tienen una atención adecuada en un sistema de urgencia, en este caso, de una unidad de cuidados intensivos”, explicó Graciela Feyermuth Enciso, investigadora antes citada. 

La muerte materna puede ocurrir durante el embarazo, el parto o los 42 días posteriores al parto,  y es conocida como la máxima expresión de violencia obstétrica, de acuerdo con el GIREEntre las principales causas, está la hemorragia obstétrica, enfermedades hipertensivas y aborto. También existen las causas que no se originan en el embarazo, por ejemplo, mujeres embarazadas que tiene alguna enfermedad crónica. 

Sobre el por qué ocurren las muertes maternas, Feyermuth Enciso explicó que esto puede ocurrir debido a que “la oportunidad de sus servicios no fue adecuada; las personas no tomaron una decisión rápida o no se les ocurrió pedir ayuda; porque están muy lejos de un servicio de salud o porque llegan al servicio de salud y no hay las condiciones para su atención”.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la mayoría de las muertes maternas son evitables, por ejemplo, con un control prenatal adecuado. También apunta que factores como las desigualdades en la calidad de los servicios, el acceso a estos, y la falta de una cobertura sanitaria universal, son los que vuelven más latente este riesgo.

Feyermuth Enciso precisó que, si bien, la llegada del Seguro Popular logró mayor presencia de los servicios de salud en lugares más alejados, esto no fue suficiente para garantizar un embarazo óptimo y disminuir la mortalidad materna:

“Lo importante es tener un sistema de traslado y de referencia cuando hay una emergencia obstétrica (…) a veces hay mujeres que tienen que recurrir a cinco unidades médicas para poder encontrar a una que las atienda; llegan en muy malas condiciones y es imposible salvarles la vida”, expuso.

Un sistema de salud colapsado

Según el informe “Panorama de la Salud: Latinoamérica y el Caribe 2020” de la  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en México por cada mil habitantes existen 2.4 médicas(os), 2.9 enfermeras(os) y 1.4 camas. Dichas cifras superan ligeramente las recomendadas para Latinoamérica y el Caribe; 2 médicas(os), 2.8 enfermeras(os) y 2.1 camas, mismas que de por sí ya están por debajo de los estándares fijados para los países que conforman este organismo internacional.

A todo ello se suman las condiciones laborales del personal en este sector. Joseline, médica interna de pregrado con experiencia en el área de ginecobstetricia, quien prefirió no decir su apellido, relató que por ejemplo:

“[los residentes] están sometidos a un estrés bastante grande, porque manejan un gran volumen de pacientes, entonces tienen que sacar el trabajo como sea y eso afecta mucho en la calidad de la atención (…) por ser instituciones públicas desgraciadamente no se tienen el mismo tiempo ni el mismo espacio que le quisiéramos dar a todas las pacientes”.  

En Jalisco, 69.53% de los partos que se registraron en 2017 tuvieron lugar en unidades públicas de salud y el 30.1% en unidades privadas, esto según datos del reporte más reciente de la Subsistema de Información de Nacimientos (SINAC). A nivel nacional, en ese mismo año, ocho de cada diez nacimientos se atendieron en unidades hospitalarias públicas.

Laura, médica pre-interna de grado, adscrita al área de ginecobstetricia de un hospital de Jalisco, que por razones personales omitió su apellido, dijo que cuando las clínicas se saturan, se busca liberar espacio para las próximas pacientes, acelerando el proceso de parto de quienes se encuentran en espera:

“A veces como que nos desesperamos bastante porque se empieza a llenar la sala de partos, y yo he escuchado que dicen ‘ya tenemos que parir a alguien’, y muchas veces sin una indicación real”, contó.

Es por eso que las demandas transitan entre una mayor capacitación por parte de las y los médicos, que se complemente con una infraestructura óptima y procesos menos burocráticos. Perla, medica en formación, señaló que:

“puede que no les podamos dar un parto humanizado, un parto vertical, algo más cómodo, porque estamos en una institución de salud pública que no tiene un ambiente adecuado, entonces lo mínimo que podemos hacer, es tener empatía,  tratarlas bien, no violentarlas, no infantilizarlas, no ser paternalistas”.

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