Mary Páez Gutiérrez
Autlán de Navarro, Jalisco. 21 de abril de 2022. (Letra Fría) Todo gobierno, de cualquier nivel, está obligado por ley, a informar, dar cuentas y poner a disposición de los ciudadanos la información pública, esto por una sencilla razón: Los recursos que se manejan vía instituciones gubernamentales son del pueblo, provienen del pago de sus impuestos y tienen el derecho a exigir cuentas claras.
La ley de transparencia existe, obliga, sin embargo, lo que no existe es la voluntad de los gobiernos a dejar atrás lastres de corrupción política y abuso del poder. Con el gobierno de la 4T hemos visto desaparecer en poco más de un año, 80 fideicomisos, de estos, 38 fueron aprobados (su desaparición) por el congreso y los demás, por decreto presidencial. Los motivos de su extinción no fueron del todo claros, ni expuestos técnicamente, pero lo peor, tampoco ha sido claro el destino de los 38 mil millones de pesos que les pertenecían.
La rendición de cuentas no es preocupación de la 4T y con eso, representan lo que tanto señalaron en otros gobiernos, manejo discrecional de los recursos públicos. En la afectación a fideicomisos destinados a sectores como cultura y medio ambiente está por delante la negación para esclarecer el fin de nuestro dinero, del recurso de los ciudadanos, del pago obligado de sus impuestos, que en este caso no es de ida y vuelta porque ¡ay de aquel que evada impuestos! Pero si el gobierno es opaco, ¡no pasa nada!
Si el presidente de la república dio manotazo a los fideicomisos argumentando con fragilidad opacidad y sin forzar a los mismos a la rendición de cuenta, hoy su gobierno sufre del mismo mal: Opacidad. ¿Cuál es la apuesta del gobierno federal al omitir la obligación de transparentar los recursos de los fideicomisos? ¿El olvido de la ciudadanía? Pues no será posible.
Son tiempos de exigir congruencia política, respeto a los derechos de la ciudadanía y cumplimiento a la ley de transparencia, porque le rendición de cuentas de los gobiernos es su obligación, y nuestro derecho, no es antojo de los gobernantes, no es una cuestión de ánimo, de dádiva, es lo que la ley los obliga.
Las arcas del gobierno federal se favorecieron con 38 mil millones de pesos producto de la de 80 fideicomisos, exigimos conocer su destino. Seguimos esperando.
MA/MA
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