Quedó plenamente acreditado que la Comisaría Municipal de Seguridad Pública, a través de sus agentes, Alfonso Gabriel Balcázar, María Lorena Cázares Cisneros, Mauricio Sánchez Varela, quienes se encontraban en el vehículo involucrado, Alfredo Aréchiga Núñez, subcomandante en turno y Víctor Díaz Torres, supervisor, así como por el síndico municipal, Guillermo Espinosa Solórzano, durante el proceso vulneraron el derecho a legalidad.
Por: Mayra Vargas
Autlán de Navarro, Jalisco; 30 de diciembre de 2019. (Letra Fría) La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) emitió la recomendación 36/2019 publicada el pasado 20 de noviembre de 2019, dirigida al presidente municipal de Autlán Miguel Ángel Íñiguez Brambila, por las violaciones a los derechos humanos durante un accidente en el que estuvo involucrado un vehículo de la Comisaría Municipal de Seguridad Pública, con un menor de edad, ocurrido en septiembre de 2018.
En la recomendación se mencionan como antecedentes, que el 29 de septiembre de 2018, un menor conducía su motocicleta sobre el periférico de Autlán de Navarro en compañía de otra persona, quienes al llegar a la altura del crucero que conduce al balneario La Lima fue impactado por la patrulla SP-42 de la Comisaría Municipal de Seguridad Pública de Autlán cuando trataba de incorporarse a la carretera para retornar en “U”, ocasionando que el menor quedara abajo de la unidad policial con lesiones de consideración.
Se señala, que una vez que el comandante Víctor Díaz Torres y las unidades de emergencias llegaron al lugar, el accidentado fue trasladado al Hospital Regional de Autlán, y retiraron la patrulla SP-42 y la motocicleta que habían colisionado, alterando la escena del accidente sin haber dado parte a la autoridad vial y al agente del Ministerio Público. También cambiaron la unidad participante SP-42 por la SP-49, para que esta última apareciera como la unidad involucrada en el accidente de tránsito, ya que la primera no contaba con un seguro contra terceros.
Para la CEDHJ quedó plenamente acreditado que la Comisaría Municipal de Seguridad Pública, a través de sus agentes, Alfonso Gabriel Balcázar, María Lorena Cázares Cisneros, Mauricio Sánchez Varela, quienes se encontraban en el vehículo involucrado, Alfredo Aréchiga Núñez, subcomandante en turno y Víctor Díaz Torres, supervisor, así como por el síndico municipal, Guillermo Espinosa Solórzano, durante el proceso vulneraron el derecho a legalidad en relación con el debido cumplimiento de la función pública, el acceso a la justicia, los derechos de las víctimas, los derechos de la niñez y el derecho a la integridad y seguridad personal.
La recomendación dirigida al presidente municipal de Autlán, Miguel Ángel Íñiguez Brambila, está desglosada en los siguientes ocho puntos:
1-Que la institución que representa garantice a favor de las víctimas directas e indirectas la atención integral y reparación integral del daño ocasionado al menor de edad, a quien deberán cubrirse de inmediato todas las formas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición que resulten procedentes en términos de la Ley General de Víctimas y demás legislación citada en el cuerpo de esta resolución. Lo anterior como un acto de reconocimiento, atención y debida preocupación por las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas por los servidores públicos involucrados.
2- Instruya al personal que resulte competente de la administración a su cargo para que se entreviste con las víctimas y le ofrezca atención médica y psicológica especializada, a efecto de que supere el trauma o afectaciones emocionales que pudiera estar sufriendo con motivo del hecho victimizante en el que se violentaron derechos humanos y que trajo como consecuencia las lesiones que ponen en peligro su vida. Para lo anterior deberá entablarse comunicación para que, previo consentimiento, se acuerden los mecanismos de atención en su lugar de residencia y el cuidado que debe proporcionarse por el tiempo necesario.
3-Gire instrucciones al personal que tenga las atribuciones legales correspondientes para que, de conformidad con los artículos 2°, fracciones I, IV, V y VII; y 59, fracciones I y XVII de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, inicie, tramite y resuelva un procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de Alfonso Gabriel Balcázar, María Lorena Cázares Cisneros, Mauricio Sánchez Varela, Alfredo Aréchiga Núñez y Víctor Díaz Torres, elementos de la Comisaría Municipal de Seguridad Pública, en el que se tomen en cuenta las consideraciones y fundamentos expuestos en el cuerpo de esta Recomendación, haciendo hincapié en que durante la sustanciación del procedimiento se garantice su derecho de audiencia y defensa.
4- Gire instrucciones al personal de la administración a su cargo que tenga las atribuciones legales suficientes para que inicie, tramite y concluya el procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de Guillermo Espinosa Solórzano, síndico municipal del Ayuntamiento de Autlán de Navarro, lo anterior de conformidad con al artículo 48, apartado 1, fracción I de la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco, y haga hincapié en que durante la substanciación del procedimiento se garantice su derecho de audiencia y defensa. Es oportuno señalar que para esta Comisión la no instauración de los procedimientos tendentes a resolver la responsabilidad de los servidores públicos respecto a violaciones de derechos humanos, así como simularlos o imponer sanciones demasiado leves, contrarias al principio de proporcionalidad, es igualmente grave y vulnera el estado de derecho, pues con ello se propicia la impunidad, se rompe el principio de legalidad y deja de cumplirse con los fines de la aplicación de las penas y sanciones, en el sentido de que deben ser ejemplares, inhibitorias y educativas. En caso de que los servidores públicos responsables ya no tengan ese carácter, se ordene agregar copia de la presente Recomendación a su expediente laboral para su consideración en caso de que pretenda reingresar al servicio público.
5- Gire instrucciones al área que resulte competente para que se proceda de manera inmediata a realizar una exhaustiva inspección y diagnóstico del parque vehicular en arrendamiento, comodato o de propiedad del Ayuntamiento, para que cada unidad cuente con un seguro que garantice a terceros el pago de los daños que pudieran ocasionar en sus bienes y personas, en caso de un accidente vial.
6- Gire instrucciones al área que resulte competente de la Comisaría de Seguridad Pública, para que inicie una capacitación constante en materia de derechos humanos y policial en el nuevo sistema de justicia penal, a manera de que se profesionalice el servicio público y ello permita, entre otras circunstancias, el levantamiento de actuaciones conforme a sus atribuciones y facultades, así como el llenado de documentación, entre ellos el IPH, de acuerdo con el Protocolo Nacional de Actuación Primer Respondiente.
7- Instruya a quien corresponda para que se diseñe e imparta a los servidores públicos a su cargo y de la Comisaría Municipal de Seguridad Pública un programa integral de formación y capacitación en materia de protección civil y derechos humanos, especialmente sobre derechos de la niñez, remitiendo a esta CEDHJ las constancias que acrediten su cumplimiento.
8- Se presente la denuncia penal correspondiente en contra de quienes resulten responsable por los delitos de abuso de autoridad y los demás que se logren acreditar.
De acuerdo con la CEDHJ, con fundamento en los artículos 72, párrafo segundo; y 77 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se informa a la autoridad a la que se dirige que tiene un término de diez días hábiles, contados a partir de la fecha en que se le notifique, para que informe a este organismo si la acepta o no; en caso afirmativo, la Comisión estará únicamente en espera de las constancias que acrediten su cumplimiento, las cuales deberán presentarse dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de aceptación.
De no ser aceptada o cumplida, la autoridad o servidor público deberá fundar, motivar y hacer pública su negativa, y, con base en los artículos 102, apartado B, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 71 bis de la ley de esta institución, la Comisión podrá solicitar al Congreso del Estado que comparezca ante dicho órgano legislativo a efecto de que expliquen el motivo de su negativa.
Aquí puedes leer la recomendación completa: http://cedhj.org.mx/recomendaciones/emitidas/2019/Reco%2036.2019.pdf
MA/MA
