El abogado favorito | EspecialesLF

Fotografía: Esther Armenta / Diseño: Jasmin Hurtado

Esta investigación periodística documenta la relación que tuvo el Ayuntamiento de Autlán de Navarro, con Jorge Alberto Franco Chávez, quien se convirtió en el abogado favorito del ex alcalde, Miguel Íñiguez. Por brindar asesoría jurídica, el licenciado fue favorecido con un pago mensual de 59 mil 740 pesos durante toda la administración. Además, cobró 1 millón 225 mil pesos adicionales por interponer dos juicios de amparo: El primero, para desbloquear las cuentas que congeló la Unidad de Inteligencia Financiera; el segundo, para evitar que la CFE le cortara la energía eléctrica al municipio. También facturó por reparar aires acondicionados.

Investigación: Esther Armenta

Edición: Carmen Aggi Cabrera

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Gráficos, fotografías e imágenes interactivas: Esther Armenta y Jasmin Hurtado

Capítulo 1: El hombre misterioso

Miguel Íñiguez, expresidente municipal de Autlán, conversa con el exsecretario general Fernando Magaña durante el tercer informe de gobierno de la administración 2018-2021. (Foto: Esther Armenta)

Miguel Ángel Íñiguez Brambila nunca estuvo solo. Desde el 02 de octubre de 2018, un día después de tomar protesta al cargo de presidente municipal de Autlán de Navarro, el alcalde pareció tener sombra. A su lado, siempre sigiloso y procurando un bajo perfil, se posó durante los siguientes tres años un hombre alto y delgado, con postura encorvada, a quien conocían como «Franco», a secas. La tarde del debut público de “Franco”, fue 01 de octubre del 2018, en el inicio de la nueva administración municipal. Vestía un saco negro y una camisa a cuadros. El individuo que llegó para quedarse, estuvo en la primera sesión ordinaria de ayuntamiento de la administración 2018-2021 y ahí permaneció durante todas y cada una de las sesiones que el cuerpo edilicio de Autlán de Navarro, celebró en tres años. 

Miguel Ángel Íñiguez Brambila resultó vencedor en las elecciones municipales del 2018 como candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia”, conformada por el entonces Partido Encuentro Solidario (PES), Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) y Partido del Trabajo (PT). Entró a la presidencia de Autlán de Navarro en octubre del 2018 y culminó su periodo en septiembre del 2021.

Durante tres años “Franco” fue una persona misteriosa. Hablaba en voz baja, entre susurros. Casi no convivía con los trabajadores del Ayuntamiento. Él trataba directamente con el alcalde, el secretario general (que primero fue Gilberto García Vergara y despúes, Fernando Moctezuma Magaña Robles) o el síndico del ayuntamiento, Guillermo Espinoza Solórzano. 

Diseño: Esther Armenta

Aunque estuvo presente en las sesiones de ayuntamiento desde el día uno, para los trabajadores y regidores su cargo era desconocido. Se trataba de un trabajador que iba a la alcaldía solo en sesiones de ayuntamiento y sostenía reuniones con el presidente, de las cuales, no se sabía de qué trataban. Además, su nombre no aparecía en la nómina. Pasaron los meses y Franco se ganó el mote de «asesor», algunos trabajadores de base también le decían «el consejero de Miguel». Y sabían que él estaba ahí para apoyar al presidente, al secretario general y al síndico.

Su nombre y su actividad dentro del ayuntamiento cobró sentido en octubre de 2019, cuando el gobierno municipal, pactó un contrato para que Franco estuviera presente en las sesiones de ayuntamiento y en caso de ser solicitada, emitiera su opinión respecto a los temas legales concernientes al ayuntamiento de Autlán. Ahí se le trató como asesor jurídico y su opinión comenzó a tener mayor peso que la del síndico municipal y la el secretario general. Lo que decía Franco lo consideraban cierto, válido y legal. Era como el lazarillo del presidente.

Sin embargo no entró en la nómina. Específicamente, la contratación respondió a la prestación de servicios profesionales solicitados por el gobierno de Autlán para analizar, estudiar y apoyar en los temas legales desde la mirada de un experto, que en este caso era “Franco” o en todas sus letras, Jorge Alberto Franco Chávez.

Las atribuciones asignadas están descritas en el contrato de seis páginas – del cual Letra Fría tiene una copia-. Concretamente en el inciso “C” de las claúsulas se establece que Jorge Alberto Franco Chávez fue contratado a través del despacho FMC Bufete de Abogados, para acudir a todas las sesiones del pleno con el fin de examinar los acuerdos tomados en el cabildo y no infringir el marco legal. De manera textual el inciso reza lo siguiente:

“C) Apoyar en la revisión, estudio y análisis de los puntos que formen parte del orden del día que se establezcan en cada una de las sesiones de pleno de Ayuntamiento en términos del Reglamento de Gobierno y la Administración Pública de Autlán de Navarro, Jalisco”, señala el contrato.

Contrato con FMC Bufete

Además, el contrato especificaba que él era el responsable de vigilar las autorizaciones del pleno, también era su obligación brindar asesorías para las diferentes direcciones y áreas del gobierno municipal, siempre y cuando éstas pidieran la ayuda u opinión del abogado en cuestión. Eso lo señala el inciso “B” del contrato.

Más allá de sus funciones prestadas como asesor, el representante de FMC Bufete es abogado con cédula profesional, persona física con actividad empresarial y con facultades suficientes para ejercer el compromiso, según indica su presentación en el contrato.

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Las responsabilidades atribuidas a Jorge Franco fueron tomadas en el marco de la legalidad, sin embargo, respondieron todo el tiempo a prácticas  que conciernen al presidente, el síndico o el secretario general; ellos debieron tener el conocimiento jurídico y legal básico, registrar las sesiones de cabildo y en su caso, analizarlas para tomar decisiones oportunas.

Los compromisos de estos tres funcionarios de primer nivel, así como de todos los ayuntamientos de Jalisco, los regula la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. La ley señala en su Capítulo 1. Artículo 47, que es atribución del presidente municipal vigilar y hacer que se labore dentro de la legalidad. El estatuto dice a la letra lo siguiente:

“Corresponde al presidente municipal la función ejecutiva del municipio. Tiene las siguientes obligaciones: I. Ejecutar las determinaciones del Ayuntamiento que se apeguen a la ley. Ejecutar y hacer que se ejecuten los ordenamientos municipales; y XIV, las demás que establezcan las normas constitucionales, legales y reglamentarias. El presidente municipal debe estar atento a las labores que realizan los demás servidores públicos de la administración pública municipal, debiendo dar cuenta al Ayuntamiento cuando la gravedad del caso lo amerite, de las faltas u omisiones que advierta.”

Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.
Infografía: Esther Armenta

En seguimiento a la ley, el síndico es el responsable de representar jurídicamente al municipio en todas las controversias o litigios en los que se vea involucrado, mientras el secretario general es responsable de formular las actas de las sesiones que celebre el Ayuntamiento y el archivo de las mismas. Guillermo Espinoza Solórzano y Fernando Magaña no lo hicieron, las tareas las hizo Jorge Alberto Franco Chávez, identificado en el contrato como “El Prestador” de servicios profesionales.. Él al aceptar el contrato quedó obligado a conservar confidencial y adecuadamente, toda la información referente al “El Prestatario”, es decir, al municipio, representado por el alcalde, el síndico, el secretario general Gilberto García Vergara y la encargada de hacienda pública, Nora Angélica Velasco Martínez. Franco estaba ahí para sacarle el trabajo a los funcionarios quienes por sí solos no podían hacerlo, ya fuera por falta de tiempo o de capacidad.

Con los derechos y obligaciones del asesor jurídico establecidos,  Franco firmó. 

A partir de ese momento ocupó un rincón en la sala de cabildo y más tarde en el salón «Ernesto Medina Lima», donde se llevaban a cabo las sesiones de ayuntamiento en las que se dispuso a soltar las palabras que las autoridades de primer nivel necesitaban escuchar para hacer su trabajo frente a los 13 miembros del cuerpo edilicio. ¿Qué les dijo? ¿Por qué? ¿Cuáles fueron sus sugerencias y cuáles los secretos clasificados como información confidencial? Nunca lo sabremos. Ese silencio y la confidencialidad fueron parte del trabajo que eligió y por el cual, le pagaron cerca de  2 millones 658 mil 760 pesos en dos años. Su trabajo prácticamente fue un secreto.

Miguel Íñiguez y los más cercanos acudieron a un externo para gobernar. No les fue suficiente el área y los integrantes de Sindicatura, que contaba con otros cinco elementos entre jefe, asesores y auxiliares jurídicos, más el síndico.

Capítulo 2: Los contratos del abogado

Diseño: Jasmin Hurtado

El primer compromiso de Jorge Alberto Franco Chávez nada tiene que ver con el área jurídica. La lista de proveedores de noviembre del 2018, dice que se le pagaron 3 mil 130 pesos por el mantenimiento y reparación del aire acondicionado. Después de eso, no hay rastro de haber negociado con él sino hasta 2019.

Lejos del mantenimiento y reparación del aire acondicionado, el primer contrato formal acordado con Franco Chávez es de octubre del 2019, cuando se definió que sería el abogado encargado de asesorar al gobierno municipal a partir de esa fecha y hasta el 30 de septiembre del 2021. Por esa labor y las explicadas con anterioridad, se le pagarían 51 mil 500 pesos, más IVA, a más tardar cada día 25 del mes, es decir, del erario público se le pagaría, cada mes por su asesoría, 59 mil 160 pesos.

Las cuentas estuvieron más o menos apegadas al contrato, pues en realidad el contratado por prestación de servicios profesionales cobró 59 mil 740 pesos cada mes y de acuerdo con las facturas obtenidas vía transparencia, algunas cuentas se entregaban después de la fecha establecida.

De acuerdo al contrato, y las facturas pagadas, Franco trabajó 24 meses para el gobierno local, por lo que su pago debió sumar al cierre del contrato un  total de 1 millón 433 mil 760 pesos por asesorías legales. Hasta ahora la hacienda municipal reporta dos cifras distintas de los honorarios: vía solicitud de información por transparencia dice que hasta junio de este año, se le ha pagado un total de 1 millón 135 mil 60 pesos. La administración no brindó facturas correspondientes a julio y agosto de este año. Por otro lado, en su portal de internet, en la lista de proveedores, señala que a Jorge Alberto solo se le han dado 1 millón 015 mil 580 pesos. Las cifras no cuadran.

Sin una cifra exacta, lo cierto es que en dos años, sus honorarios superaron el millón de pesos por guiar al ex presidente y su gabinete. Además, no fue el único trabajo que hizo para Autlán. Después de ese primer contrato, se firmaron dos más.

Este es el segundo:

Franco Chávez ya recibía un pago por asesorar al ayuntamiento, pero nuevamente cobró sus servicios a la hacienda pública municipal, solo que esta vez por la cantidad de 850 mil pesos, más impuestos, a  través de la misma firma de abogados FMC Bufete. En esta ocasión como abogado del juicio de amparo 572/2020 interpuesto ante el Juzgado de Distrito en Materia Civil, Administrativa y de Trabajo del Estado de Jalisco en turno, como consecuencia del congelamiento de cuentas del Gobierno de Autlán que ordenó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), unidad administrativa adscrita a la oficina del Secretario de Hacienda del Gobierno Federal, a raíz de la presunción de elementos constitutivos de delito que investigaba la UIF bajo el acuerdo 74/2020, contra el presidente Miguel Íñiguez y su hermana, la presidenta del DIF Autlán 2018-2021, Bertha Alicia Íñiguez Brambila.

La presentación del juicio de amparo se hizo bajo el expediente 194/2020 y 572/2020, siendo este último el que según el contrato, fue representado por FMC Bufete, pero según el propio expediente, eso no es verdad. Letra Fría tuvo acceso al expediente del juicio de amparo en donde Guillermo Espinoza Solórzano se presenta como representante legal del Ayuntamiento de Autlán de Navarro en su carácter de síndico municipal y en ninguna de sus líneas se menciona el nombre de Jorge Alberto Franco Chávez o del despacho jurídico en mención, que supuestamente defendió al municipio. De hecho, el bufete que realmente interpuso el juicio de amparo indirecto fue ML Bufete a través de los licenciados en derecho Raúl Murillo Márquez y José Limón Gallegos, socios del despecho ubicado en la Torre Corporativa Andares con domicilio Av. Acueducto 4851, en Zapopan.

El juicio de amparo 572/2020 menciona a otros tres abogados autorizados para oír y recibir notificaciones, así como a otras ocho personas para efectos de oír y recibir notificaciones e imponerse autos. En la lista de 13 nombres relacionados a las notificaciones de la defensa, no hay ningún Jorge Alberto Franco Chávez.

En el portal de transparencia del Gobierno de Autlán, existe un contrato celebrado el 4 de junio del 2020 entre José Limón Gallegos, como representante de Murillo Limón Abogados S.C. Según la documentación, él fue contratado por la cantidad de 152 mil 500 pesos para brindar asesoría jurídica legal necesaria, así como elaborar escritos formatos, informes y demás documentos requeridos en la asesoría legal por el cliente, es decir, el ayuntamiento de Autlán.

Imagen interactiva, para ver documentos de clic sobre el botón.

Las investigaciones de la UIF aún no se cierran y queda información pendiente por aclarar en Autlán de Navarro, como lo es, el juicio de amparo expediente 571/2020 interpuesto por el DIF Municipal.

Según la información transparentada, el DIF Autlán no contrató servicios de representación legal y fue el Bufete FMC quien hizo la defensa «sin costo alguno», sin embargo, el expediente del juicio de amparo 571, al que Letra Fría tuvo acceso, muestra que los abogados que interpusieron el juicio, fueron los representantes de ML Abogados, los mismos que representaron al ayuntamiento.

Captura del contrato entre FMC Bufete y el DIF Autlán 2018-2021
Página uno del expedientes 571/2020 Juicio de Amparo

Las imágenes anteriores fueron obtenidas el lunes 11 de octubre en una actualización de transparencia realizada por el DIF Autlán. Previo a esa fecha y al cambio de administración municipal, ocurrido el primero de octubre, el Sistema Integral de la Familia 2018-2021, mantuvo la documentación del juicio y todo lo referente al congelamiento de cuentas como “información confidencial”.

El tercer contrato

De regreso al caso de Jorge Franco, hubo un tercer y aparente último contrato. Ocurrió el 10 de septiembre del 2020 con motivo de un juicio de amparo indirecto que interpuso contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE). El cobro fue irrisorio, pues recibió 375 mil pesos y el monto que cobraba la CFE era de 123 mil 125 pesos. Es decir, con el pago que hizo el gobierno de Autlán a Jorge Franco, pagaba tres veces la deuda ante la Comisión Federal y le sobraban 5 mil 625 pesos.

Todo comenzó aquí: El 28 de agosto del 2020, la CFE dio un ultimátum al gobierno de Autlán. Les iban a cortar la luz si no pagaban el adeudo que uno de los contadores de luz del municipio había acumulado durante 10 años por el uso de 32 mil 939 kilowatt – horas, durante el periodo comprendido del 17 de junio del 2010 al 17 de junio del 2020, equivalentes a 123 mil 125 pesos.

“Le comunicamos que el día 01 de septiembre del 2020, nos veremos en la penosa necesidad de suspender el suministro de energía en el servicio antes señalado”, decía el documento.

Ante la noticia, la autoridad se dijo desentendida, justificó no saber que el medidor de luz ubicado en la calle Matamoros, frente al restaurante 4 caminos, estuviera activo y mucho menos, que fuera propiedad del gobierno municipal, por lo que pedían continuara la comunicación entre ambas partes para encontrar una solución favorable, que no llegó, pero la advertencia sí.

Cerca de las 10:30 horas de ese martes primero de septiembre, la presidencia municipal se quedó sin luz. La CFE estaba presionando al municipio para asumir el adeudo, pero solo se logró llegar al acuerdo de transferirle 29 mil 65 pesos, equivalentes al 25 por ciento. El abono se hizo el 7 de septiembre, pero la responsabilidad no fue asumida y el 10 de septiembre surgió el siguiente movimiento; el ayuntamiento de Autlán de Navarro contrató a Jorge Alberto Franco para que presentara un juicio de garantías en contra la CFE, el juicio está fechado de recibido el 20 de septiembre con el expediente 1123/2020.

Captura de pantalla a juicio de amparo expediente 1123/2020

Por este trámite -que representa una doble asesoría porque Franco ya cobraba cada mes 59 mil 740 pesos por asesoría legal-, a través del bufete FMC cobró de forma adicional poco más de tres veces el adeudo por el que peleaba contra la CFE, pues recibió 375 mil pesos y el monto que cobraba la CFE era de 123 mil 125 pesos. Es decir, con el pago que hizo el gobierno de Autlán a Jorge Franco, pagaba tres veces la deuda ante la Comisión Federal y le sobraban 5 mil 625 pesos.

El pago por los dos contratos por juicios de amparo equivalen a 1 millón 225 mil pesos que fueron entregados por depósitos bancarios, de los cuales la evidencia reposa en el portal de transparencia del gobierno municipal y en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). Así, Franco firmó tres contratos, los que a decir de las palabras escritas en cada uno de ellos, fueron celebrados sin dolo, error, coacción o mala fe y bajo el marco de la legalidad. 

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Capítulo 3: Empresas fachada

Diseño: Jasmin Hurtado

FMC fue el despacho predilecto del gobierno de Miguel Íñiguez. Firmó tres contratos con el Ayuntamiento de Autlán de Navarro. Está dado de alta en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), cuenta con un docimicilio fiscal, emitió facturas y las cobró. Legal y fiscalmente, la empresa existe. Sin embargo, la forma en la que opera hace parecer que se trata de una empresa fachada.

Del despacho de abogados no existe información como empresa, en el Registro Público del Comercio, tampoco está el nombre de Jorge Alberto Franco Chávez. El único sitio vinculado a la empresa se encuentra en los papeles firmados con el gobierno municipal de Autlán; ahí, el abogado pone a disposición el domicilio, calle Escorpión 3716, colonia La Calma, en Zapopan, Jalisco. Señala este domicilio como lugar para recibir las notificaciones desprendidas de sus labores.

La Calma es una zona habitacional, cercana a sitios comerciales como Plaza del Sol y más cerca aún, plaza “La Calma”. Al buscar la calle Escorpión y el número 3716 encontramos que el inmueble indicado no cuenta con distintivos relacionados al despacho FMC. La fachada tiene más relación con una casa habitación que con un despacho de abogados.

Calle Escorpión 3716, colonia La Calma, Zapopan. Imagen de Google Maps.

La firma de abogados no tiene cuentas en redes sociales, tampoco página web, ni dominio, ni número de teléfono o evidencia digital de su existencia, más allá de los documentos exhibidos en esta investigación periodística.

¿Qué es una empresa fachada? Las empresas fachada o de papel, en apariencia cumplen con los requisitos legales para operar y ofrecer sus servicios, algunas incluso, cumplen con las normas del Código de Comercio, pero en realidad no llevan a cabo las funciones por las que dicen existir, pero sí reciben los pagos por acciones que no realizan.

Hasta septiembre de 2020, Franco Chávez cobró a nombre de FMC, pero a partir de octubre del mismo año, el municipio emitió la primera factura a favor del abogado a nombre del despacho “Franco & Asociados”, firma que tampoco se encuentra en el Registro Público del Comercio, no tiene página web, ni dominio, ni redes sociales, ni número de teléfono.

A pesar de los vacíos de ambas empresas para comprobar su legitimidad, ninguna de las dos se encuentra en la lista negra del SAT como empresas fantasma, pero ambas cumplen con las características de empresas fachada.

Facturas emitidas por Gobierno de Autlán a Jorge Alberto Franco Chávez.

El 30 de septiembre del 2021 terminó el contrato de Franco Chávez con el gobierno de Autlán, los pagos fueron liberados y los contratos pueden ser consultados por la ciudadanía en el portal de transparencia, ubicados en la documentación correspondiente a agosto de 2021. Después de dos años, los susurros para gobernar terminaron entre el presidente de Autlán y el abogado favorito de la administración 2018-2021.

Línea del tiempo: Jasmin Hurtado

EA/MA

*Queda prohibida la reproducción total o parcial de este material. El contenido es propiedad de Letra Fría.*

Periodista egresada de la Licenciatura en Periodismo en el Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara. Afinidad por el periodismo de investigación, narrativo y derechos humanos. Fue co conductora de Matutino LF. Reportera en Letra Fría desde de mayo de 2019 hasta febrero de 2022.

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