Por: Pie de Página
Ciudad de México. 30 de septiembre 2022. (Letra Fría) .- Un día antes de concluir su mandato el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes presentó el último informe de su misión en México.
Las revelaciones apuntan a un nuevo intento de impunidad para quienes, desde hace varios años, protegen a los responsables de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa.
Los señalamientos incluyen al Ejército y la Marina, pero también, de forma contundente, a la Fiscalía General de la República (FGR) que ha obstaculizado las investigaciones reiniciadas después que legalmente se desechó la llamada Verdad Histórica.
Hay “intromisiones inexplicables” de la Fiscalía que pueden retrasar “hasta por cinco años” las investigaciones del caso.
Entre los obstáculos se encuentra la decisión de promover la revocación de órdenes de aprehensión contra presuntos responsables del crimen, y que ya habían sido autorizadas por un juez.
También se añade la debilidad de las acusaciones presentadas -de forma apresurada- en contra del exprocurador General Jesús Murillo Karam, quien con ello tiene posibilidades de no recibir una sentencia condenatoria a pesar de que existen evidencias de su papel en la desaparición de los estudiantes.
“Se dejaron de incluir evidencias y elementos probatorios que hubiesen fortalecido aún más la responsabilidad del exprocurador”, apuntó Francisco Cox, integrante del Grupo Interdisciplinario.
El informe Ayotzinapa IV. Situación actual del caso a los 8 años de los hechos establece que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) supo en tiempo real lo que sucedía en Iguala con los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre de 2014.
De hecho, desde mayo de ese año existía monitoreo permanente de la zona tras la captura de líderes de la banda de narcotráfico conocida como Guerreros Unidos.
La vigilancia incluyó intercepciones telefónicas, infiltraciones en la Normal Rural Isidro Burgos y el uso de sistemas de espionaje como el software Pegasus.
La información se envió, entre otros lugares, al Centro Regional de Inteligencia Militar que tenía una sede en operación dentro de las instalaciones de la Sedena en Iguala.
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