Por: Rosa Eugenia García Gómez | Las Carrilleras de Adelita
Zapotlán el Grande, Jalisco.- Rieleras y juanes, el conocimiento de la realidad nos da elementos para entender el pasado y a partir de ello seguir con el futuro. Es el presente la vía factible para obtener certezas. La postergación entonces es una manera de incertidumbre que implica inseguridad acerca de lo que vendrá y desasosiego por los pendientes previos.
El sexto informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión interamericana de Derechos Humanos (GIEI) acerca de los resultados de sus investigaciones sobre lo sucedido con los 43 jóvenes de la Normal Rural de Ayotzinapa Isidro Burgos en 2014, reporta una mezcla de realidades ocultas por parte de las Fuerzas Armadas de México, a pesar de las instrucciones del presidente López Obrador el 29 de septiembre pasado, para que el Ejército diera acceso al GIEI para concretar las investigaciones.
Entre las certezas está la confirmación de la presencia de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Secretaría de Marina (Semar) en los dos lugares donde se dio la desaparición de los jóvenes aquella noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 cuando los jóvenes fueron divididos en tres grupos y luego subdivididos para llevarlos a diferentes lugares.
El contenido de informe por esperado no deja de ser escalofriante: miembros del Ejército, de la Marina, policías, autoridades locales y estatales, así como los órganos de inteligencia del Estado estaban al tanto de lo que pasó el 26 de septiembre de 2014. Sin embargo, manipularon la información, construyeron una versión –aquella histórica, ahora infame por sus implicaciones- y obstaculizaron las indagaciones.
Al significado de tales confirmaciones se suma el de la identificación –acaso también confirmación de lo que ya hemos experimentado en México desde el 68 y el 71- de una manera opaca de proceder de un sector poderoso del aparato estatal cuando se trata de casos como este.
El GIEI se retira de su labor investigadora del caso en México, pero sólo la verdad, la certeza de la identidad de los responsables y del paradero de los jóvenes permitirá cerrar el ciclo de este episodio de violencia perpetrada –con la esperanza que no sea perpetuada- por el Estado.
Sin certeza no hay procuración de justicia y ante la ausencia de ella lo que continúa prevaleciendo es la impunidad y desazón de padres y madres de familia y en general de un país testigo de cómo los responsables de su seguridad actuaron para atentar contra 43 jóvenes.
MV
