Las regiones Altos Norte, Sur y Sierra de Amula, tenían 203 cuerpos de personas fallecidas sin identificar hasta julio de este año, pero entre los tres, solo existían cerca de 97 espacios de resguardo. La crisis forense en la capital y al interior del estado de Jalisco, es negada por el Gobierno del Estado, pero las cifras lo contradicen.
Por: Larisa García y Esther Armenta
El Grullo, Jalisco. 18 de octubre del 2021. (Letra Fría) Cuando una persona muere en Jalisco, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) determina la causa de muerte. El trabajo se hace incluso cuando los cuerpos no tienen identidad aparente y se convierten en una Persona Fallecida Sin Identificar (PFSI), clasificación que los hace quedarse en el forense y que mantiene a Jalisco en foco rojo por el alto índice de cuerpos no identificados que ingresan a una de las 12 regiones que integran la institución.
El número de cuerpos que permanecen en resguardo es alto, pero las autoridades no lo reconocen como una crisis. Tan solo en la región Centro y Centro Rural, ubicada en San Pedro Tlaquepaque, al 18 de septiembre del 2021 había 546 cadáveres y 2 mil 757 segmentos anatómicos de personas sin identificar. La tensión del tema se centra en la Zona Metropolitana de Guadalajara, pero la realidad es que la falla del Instituto Jalisciense se cuela a las regiones al interior del estado, donde la situación no es menor.
Para análisis de la situación en las delegaciones del IJCF, se investigaron a tres de ellas ubicadas en las regiones Altos Norte, Sur y Sierra de Amula. Las tres sedes juntas suman un total de 203 personas sin identificar que se encontraban en resguardo hasta julio del 2021, según información obtenida vía transparencia.
Con 203 cuerpos en sus instalaciones, las regiones solo cuentan con 97 espacios de resguardo, esto de acuerdo con datos del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) en su conteo del año 2020.
Las áreas de almacenamiento, según los datos del CEPAD, estarían repartidos 87 en Lagos de Moreno, 5 en Ciudad Guzmán y 5 en El Grullo. Por otro lado, tanto el IJCF de El Grullo y Ciudad Guzmán, declararon vía transparencia aumentar su capacidad de resguardo en 2021, al pasar de cinco a 10 espacios en el caso de El Grullo y sumar una nueva cámara frigorífica a la lista de capacidad en Guzmán, pero no se detalla cuál es el cupo exacto.
De las regiones en cuestión, la de Altos Norte con sede en Lagos de Moreno e integrada por otros siete municipios, tiene la cifra más alta de cuerpos sin identificar. Al cierre de julio eran 159 en total, cifra que aumentó en un 25 por ciento en el último año, pues para el mismo periodo del 2020, eran 119 las personas sin identificar que permanecían en el lugar.
Otra de las omisiones que el estado hace al respecto, es la vinculación de cuerpos no identificados con la violencia en Jalisco, escenario evidente en Lagos de Moreno, donde el 35 por ciento de las personas no identificadas murieron por heridas de arma de fuego y el 44 por ciento por heridas de arma blanca. Esto quiere decir que 81 personas recibieron lesiones mortales y no han sido identificadas.
Por otro lado la región Sierra de Amula con sede en El Grullo, tenía 27 cuerpos hasta julio de este año. Mientras tanto, la delegación del Sur con domicilio en Ciudad Guzmán, alberga 17 y de ellos, de los cuales el mayor número de fallecidos se encontraron en el municipio de Sayula, según los datos brindados por el propio forense.
Aún con este escenario, poco se ha hecho al interior del estado y en el caso de Ciudad Guzmán, las autoridades municipales no asumen responsabilidad.
En abril de este año la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), dijo que el municipio de Zapotlán el Grande, cuya cabecera municipal es Ciudad Guzmán, no cumplió una serie de recomendaciones en materia de disposición de cádaveres hecha en 2018. La actualización del tema se encuentra en el boletín 34/2021 en el que la CEDHJ señala que Zapotlán no brindó el informe de ley para reportar sus avances en relación con la recomendación general 3/2018 en la que se pedía a los ayuntamientos municipales cumplir con las siguientes acciones en la materia:
- Se implementen los trabajos que resulten necesarios para armonizar la normativa municipal en materia de panteones con la recientemente aprobada Ley de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco.
- Conformar el registro de personas sin identificar inhumadas en los cementerios municipales, en el que se garantice la información sobre su trazabilidad y localización conforme a los protocolos de búsqueda e investigación establecidos en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, la Ley local en la materia, la Ley General de Salud, la Ley General de Víctimas y demás disposiciones legales aplicables.
- Que en los casos de inhumaciones que cumplan con las disposiciones legales en la materia, el funcionamiento de los panteones municipales cumpla con el estándar establecido en la Ley de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco.
Como desenlace en el caso, el informe especial 127/2021, el último donde se proporciona información respecto al avance del cumplimiento de dicha recomendación, se señala que a pesar de que fue aceptada y declarada en vías de cumplimiento, el ayuntamiento de Zapotlán todavía no registra avances.
Las omisiones de las autoridades municipales, sumada al discurso oficial del Gobierno de Jalisco, que asegura no existe crisis forense, pueden representar una violación a los derechos humanos de las víctimas directas e indirectas.
Por su parte El Grullo, aprobó el 22 de julio de este año, la implementación en el municipio de la Ley para la Declaración Especial de Ausencia por Desaparición de Personas y la Ley de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco.
La rotunda negación oficial a pesar de las cifras
El lunes 20 de septiembre -durante su rueda de prensa semanal- el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, fue cuestionado por el periodista Rodrigo de la Rosa, sobre el caso de los trailers de la muerte sucedido en 2018. De manera textual el reportero preguntó: «¿Descartaría que haya actualmente una crisis forense mayor a la que se vivió hace 3-4 años?». A lo que Alfaro respondió:
«Es absolutamente falso, absolutamente falso. Si fuera así veríamos otra vez desbordadas las fosas, la realidad es que hay un enorme trabajo».
Enrique Alfaro, Gobernador de Jalisco.
Las víctimas de esta crisis, la sociedad civil y la prensa no tardaron en desmentir la declaración, pues actualmente se cuenta con información oficial del instituto que dice lo contrario. A través del micrositio llamado “Registro PFSI”, la cifra total exhibida por el propio Instituto Jalisciense, es de 2 mil 849 cuerpos sin identificar, ingresados del 19 de septiembre del 2018 al 21 de septiembre del 2021 en todo Jalisco.
Antes y después de lo dicho por el mandatario, hay declaraciones que lo contradicen. Javier Perlasca, cuarto visitador de la CEDHJ, declaró en una entrevista para CosaPública 2.0 el 17 de septiembre – tres días antes de la declaración de Alfaro-, que hay una sobrecarga de trabajo e insuficiencia de recursos humanos y materiales, por lo que desde la Comisión Estatal solicitan el reforzamiento del instituto, además piden se haga una mesa interinstitucional, en la que participen sociedad civil y personas involucradas, colectivos y familiares para atender la situación, a la Perlasca definió como “un problema desde el punto de vista social y criminal, más grave en Jalisco”.
Otro que no coincide con Enrique Alfaro es el exfiscal Luis Octavio Cotero, quien en una entrevista también para CosaPública 2.0 pero el 21 de septiembre, reconoció la crisis.
“Hay al 100 por ciento la crisis (…) hay cuerpos ahí que traían credencial de elector y no nos han llamado a nadie de los padres […] el director todo eso lo calla y todo el mundo lo esta encubriendo, es una situación verdaderamente enojosa, molesta y humillante para nosotros que estamos padeciendo la actitud tan indolente de las autoridades y más de esa institución”, declaró en su momento.
La crisis forense al no entregar cuerpos por la falta de capacidad institucional, viola derechos humanos como el acceso a la verdad, acceso a la justicia, dignidad humana, seguridad jurídica, a la memoria y otra docena más, según las declaraciones de la CEPAD, asociación que al igual que el Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos, ha sistematizado y publicado datos al respecto recientemente en dos informes en los que se muestran que las morgues están rebasadas, al igual que en el año 2018.
Municipios en Sierra de Amula niegan recibir cuerpos sin identificar
El 25 de febrero del 2021 se pidió al municipio de Autlán de Navarro inhumar a cinco personas no identificadas en el panteón a petición del Instituto de Ciencias Forenses El Grullo, solicitud aprobada por el ayuntamiento, quien daría como opción enviarlos a la fosa común por tratarse de personas sin identificar, esa decisión costó el llamado de las Comisiones Nacionales y Estatales de Derechos Humanos, las cuales acusaron al IJCF de violar derechos humanos y a su vez, el Instituto reprochó a las autoridades locales por la aprobación, pues la petición inicial fue enviar los cuerpos a espacios individuales, no a la fosa común.
La historia anterior sería rechazada meses más tarde, cuando tanto el municipio como el IJCF, negaron vía transparencia haber recibido – en el caso del primero- y haber emitido –en el caso del segundo-, solicitudes de inhumación de personas sin identificar.
Por su parte el forense dijo que del 2018 a lo que va de 2021, no se hicieron inhumaciones: “En el periodo indicado no se ha realizado inhumación alguna de Personas Fallecidas Sin Identificar (PFSI)”.
Otros municipios de la región que niegan haber recibido personas fallecidas sin identificar son Cihuatlán y El Grullo.
¿Estamos en crisis?
Frente a los números y a pesar del discurso oficial, hay una pregunta por hacer: ¿Jalisco está en crisis forense? Para Diego Valadés, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, una crisis institucional se refiere a la disfuncionalidad de los órganos del poder para ofrecer soluciones oportunas y satisfactorias en un contexto de libertades públicas, pluralismo político, bienestar colectivo y certidumbre jurídica. La crisis tiene que ver con la falta de idoneidad de las instituciones para asegurar que sus titulares cuenten con los instrumentos democráticos adecuados para prever y resolver problemas, y respondan políticamente por sus actos. En una crisis el poder no ofrece continuidad entre los objetivos anunciados y los resultados alcanzados, lo que produce insatisfacción e inquietud. La situación forense que se vive en Jalisco cumple con todas esas características.
EA/MA
*Queda prohibida la reproducción total o parcial. El contenido es propiedad de Letra Fría*
