La investigación periodística que expone a la luz pública cuánto costó y a quién le pagó el gobierno de Autlán por desbloquear las cuentas bancarias que fueron bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera en junio de 2020, como parte de la Operación Agave Azul.
Por: Esther Armenta
Autlán de Navarro, Jalisco. 17 de marzo de 2021. (Letra Fría) Cuando las acusaciones persiguen, defenderse es un derecho. En junio de 2020 Autlán de Navarro vivió algo histórico: la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda del gobierno federal, congeló las cuentas bancarias del municipio por la presunción de elementos constitutivos de delito; defenderse y descongelar las cuentas costó al erario 1 millón 02 mil pesos; de los cuales 850 mil se gastaron en el juicio de amparo y 152 mil por la asesoría jurídica.
Todo comenzó con la aparición del nombre de Miguel Ángel Íñiguez Brambila, en la “Lista de personas Bloqueadas” que la UIF emitió el 29 de mayo de 2020, bajo el acuerdo 74/2020. La Unidad de Inteligencia Financiera solicitó a las entidades financieras que suspendieran de forma inmediata la realización de actos, operaciones y servicios con clientes o usuarios incluidos a la lista en comento, imposibilitando que éstos pudieran abrir nuevas cuentas, cancelar las vigentes, así como impedir la disposición de recursos.
La inclusión de Miguel Ángel Íñiguez Brambila en esa “Lista de personas Bloqueadas” afectó al Ayuntamiento de Autlán de Navarro, porque esa orden de la Unidad de Inteligencia Financiera también solicitó bloquear las cuentas en los casos en los que las personas aparecieran como titulares, cotitulares, firmantes, autorizados, fideicomitentes, representantes legales y/o apoderados; además de las cuentas en las que aparezcan como beneficiarios o fideicomisarios. Al ejercer el cargo de presidente municipal, Miguel Íñiguez entra en una de estas figuras.
Dentro del listado también estaba Bertha Alicia Íñiguez Brambila, hermana del presidente y directora del Sistema para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF) Autlán; sin embargo, de ella no hay información disponible en los archivos de transparencia municipal, por lo que se desconoce si la asesoría legal pagada contempló su defensa.
Al publicarse el acuerdo 74/2020, Autlán de Navarro quedó impedido de hacer actos, operaciones y/o servicios relacionados a la apertura, cancelación y disposición de las cuentas y los recursos que almacena en las firmas de las instituciones HSBC y BBVA Bancomer.
Con una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera acechando y los fondos del Ayuntamiento de Autlán congelados, las autoridades actuaron por las consecuencias que esta inmovilización de cuentas traería para la población de más de 60 mil habitantes que radica en el municipio, aunque el origen de dicho bloqueo no nació en la hacienda municipal, sino en las cuentas personales del alcalde.
El primer movimiento ocurrió el cuatro de junio. Todavía sin respuesta oficial a los señalamientos de la UIF, el gobierno local se aseguró de brindar asesoría legal jurídica al interior de la estructura municipal. La encomienda estuvo a cargo del abogado José Limón Gallegos, de la firma Murillo Limón Abogados S.C., encargado de resolver dudas y guiar en temas legales a los trabajadores.
Por esa labor, a Limón Gallegos se le entregarían 152 mil pesos a más tardar el 30 de junio, según prueba el contrato disponible en el portal de transparencia, Artículo 8.
Una vez tomada la asesoría, se procedió a contestar los señalamientos que la UIF hizo contra el presidente por presuntamente malversar recursos públicos. Miguel Íñiguez y su equipo respondieron el 8 de junio -11 días después de que se notificara el acuerdo- con una demanda de Amparo Indirecto identificada con el expediente 572/2020, presentado en el Juzgado Décimo Noveno de Distrito en Materia Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco.
Para llevar el proceso, el gobierno de Autlán contrató a un abogado. La representación legal la llevó el Bufete FMC a través del abogado Jorge Alberto Franco Chávez, según indica el contrato de prestación de servicios profesionales, al que Letra Fría tuvo acceso.
Por sus servicios profesionales, Jorge Franco Chávez cobró un total de 850 mil pesos que se entregaron en tres pagos, por acuerdo entre “El Prestador” (el abogado) y “El Prestatario” (el municipio), personificado por el primer edil, Miguel Íñiguez Brambila, el síndico municipal, Guillermo Espinoza Solórzano y la encargada de hacienda municipal, Nora Angélica Velasco Martínez.
En el primer pago se cubrió el 50 por ciento del trámite, por lo que se entregaron 425 mil pesos, el segundo pago fue de 212 mil 500 pesos y el tercero de 212 mil 500 pesos, más el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
El contrato venció una vez “agotado el último trámite o recurso derivado del juicio materia de este contrato”, reza el documento.
FMC BUFETE DE ABOGADOS, la firma que defendió a Autlán y logró descongelar las cuentas
FMC BUFETE DE ABOGADOS, es la firma que defendió al Ayuntamiento de Autlán de Navarro, Jalisco y logró descongelar las cuentas bancarias. Su represente es Jorge Alberto Franco Chávez, abogado desde 2006, quien, de acuerdo con el contrato de prestación de servicios firmado con el gobierno local, está capacitado para ejercer su profesión y por tanto, brindar servicios profesionales al municipio de Autlán de Navarro.
“Que de acuerdo con los estudios que posee, puede dedicarse a la prestación de servicios profesionales en el ámbito jurídico, ya sea en términos judiciales, extrajudiciales y/o administrativos. De igual forma se encuentra facultado para impartir asesorías, consultorías y realizar toda aquella gestión afín a su profesión, contando incluso con el personal capacitado e instalaciones necesarias para llevar a cabo su objeto”, indica el contrato del cual Letra Fría tiene una copia.
La firma FMC BUFETE DE ABOGADOS es difícil de encontrar. Fuera de las líneas escritas en el contrato, localizar a “El Prestador” y el bufete al que representa, es una tarea extenuante.
Al introducir en la web la firma de FMC BUFETE DE ABOGADO, no hay huella. Después de una búsqueda exhaustiva, esta redacción no logró encontrar en la internet un sitio web, domicilio, número telefónico o cuentas en redes sociales de la empresa. Rastrear a Jorge Alberto Franco Chávez fue casi igual de difícil, sin embargo, la indagación arrojó información de su cédula profesional 4798248 expedida por la Secretaría de Educación Pública en 2006, donde se indica que es abogado por la Universidad de Guadalajara. La fecha de expedición de cédula y profesión, coinciden con lo referenciado en el acuerdo.
La investigación periodística realizada por Letra Fría, permitió encontrar por lo menos otros tres servicios brindados por el profesional al Ayuntamiento de Autlán de Navarro. Dos de ellos corresponden a diciembre de 2019, por los conceptos de “asesoría de personal presidencia” y “honorarios asesoría del mes de diciembre”; un tercer contrato surgió con anticipación, en noviembre de 2018 por “mantenimiento y reparación de aires acondicionados”; en los primeros dos, no se menciona el monto pagado, el tercero, el de la reparación de aires, fue por 3 mil 130 pesos.
Jorge Alberto aparece en otros documentos digitales.
Entre 2017 y 2018, se muestra ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) como representante propietario del Partido Político Encuentro Solidario (PES). Como encargado del PES, Franco Chávez solicitó y firmó diversos documentos. El tamaño y forma de la firma coincide con la rúbrica que el gobierno de Autlán rayó en las copias de los contratos que fueron obtenidos por Letra Fría vía transparencia, acción que impide ver con claridad la firma del abogado.
El PES es el partido de Miguel Ángel Íñiguez Brambila. En 2018, Íñiguez llegó a la presidencia por la coalición “Juntos Haremos Historia” conformada por MORENA, Partido del Trabajo y Encuentro Social, su casa.
El PES perdió el registro en tribunales y en Jalisco creó otro, con las mismas siglas pero con diferente nombre: Partido Encuentro Solidario. Solo cambió el nombre porque la estructura y los actores políticos que lo sostienen, son los mismos.
La relación del PES es estrecha con políticos autlenses. El 25 de octubre de 2020, el ex secretario general de Autlán, Gilberto García Vergara, se convirtió en dirigente estatal.
Antes de que Gilberto García abandonara el cargo como secretario general de Autlán para dirigir el partido en Jalisco, el contrato en mención ya existía, sin embargo, su firma no aparece en el documento; tampoco hay testigos que vigilen la participación del abogado de FMC en la defensa del amparo.
Autlán pagó 1 millón y El Grullo 70 mil pesos, por desbloqueo de cuentas congeladas por la UIF
Por orden de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), agencia independiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Unidad de Inteligencia Financiera congeló también las cuentas del Ayuntamiento de El Grullo, a partir del 4 junio de 2020.
La demarcación atravesó el mismo proceso legal, pero los recursos dispuestos por El Grullo para su defensa, están muy por debajo de lo destinado en el vecino municipio de Autlán de Navarro.
El 8 de junio el ayuntamiento de El Grullo, en ese momento dirigido por Mónica Marín Buenrostro -quien ahora goza de una licencia temporal sin goce de sueldo-, recurrió a al abogado constitucionalista Juan Rafael Ambriz Camacho, para que hiciera de representante legal.
Denominado como “El Profesionista”, en el contrato de cuota litis celebrado, Ambriz Camacho recibió del erario público la cantidad de 70 mil pesos más IVA por asesoría legal que ayudó a desahogar el tema; la cantidad pagada por El Grullo es apenas el 6.98 por ciento de lo destinado por Autlán.
Hubo un tercer municipio de Jalisco acusado por la UFI, se trata de Ixtlahuacán de los Membrillos, ayuntamiento que a diferencia de El Grullo y Autlán, reportó en letras mayúsculas que: “NO se han contratado asesorías para el Gobierno Municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos”. El documento presentado para la contratación de servicios profesionales en junio de 2020, está fechado al 10 de julio del mismo año.
La suspensión temporal de las cuentas en los tres ayuntamientos, formó parte de la “Operación Agave Azul” que congeló 1 mil 939 cuentas bancarias de personas físicas y morales, vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación. De las tres entidades implicadas, Autlán de Navarro hizo el mayor gasto, al contratar una defensa millonaria para descongelar sus cuentas bancarias y limpiar la imagen del municipio y funcionarios, ante la Unidad de Inteligencia Financiera.
La Unidad de Inteligencia Financiera es un organismo centralizado que se encarga de reunir los informes sobre operaciones sospechosas que proporcionan las instituciones financieras, analizarlos y difundir los resultados entre los organismos policiales internos y las UIF de otros países con el fin de combatir el lavado de dinero. El hecho que abogados hayan descongelado las cuentas bancarias no significa la solución o fin del problema. Las cuentas fueron descongeladas gracias a la presentación de amparos y con la intención de no afectar a los habitantes de los municipios, porque la inmovilización de cuentas impedía el pago de las nóminas a los trabajadores y la prestación de servicios básicos se vio comprometido, violentando derechos laborales y humanos.
La Unidad de Inteligencia Financiera no ha cerrado el caso, las investigaciones continúan.
MA/MA
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