Por: Redacción
Ciudad de México. 16 de marzo de 2018. (Letra Fría). – Uno de los casos de tortura documentada que presenta la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH) fue clave para formar lo que el gobierno presentó como «verdad histórica» en la que afirmó que los estudiantes fueron asesinados e incinerados en un basurero.
Además, el reporte «Doble Injusticia» asegura que estas graves violaciones de los derechos humanos fueron objeto de «investigaciones inadecuadas e incluso de encubrimiento».
En respuesta, el gobierno de México aseguró en un comunicado que el informe «no aporta elementos nuevos que permitan avanzar en la investigación del caso».
Además, considera que se abordan cuestiones que ya habían sido tratadas por el grupo de expertos independientes y que «están siendo atendidas por autoridades competentes».
El gobierno dice que continuará trabajando «hasta el total esclarecimiento de este caso».
Los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecieron en la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 de 2014.
Los 43 formaban parte de un grupo más grande de estudiantes de una escuela de formación docente en Ayotzinapa que viajaban a la ciudad cercana de Iguala para protestar contra lo que consideraban prácticas de contratación discriminatorias para los docentes.
Mientras viajaban de Iguala a Ayotzinapa, fueron confrontados por la policía municipal, que abrió fuego contra los autobuses en los que viajaban.
Los oficiales sostuvieron que lo hicieron porque los autobuses habían sido secuestrados, mientras que los estudiantes sobrevivientes dijeron que los conductores habían acordado llevarlos de rehenes ante los narcos.
Según la versión de las autoridades, policías corruptos los que arrestaron a los jóvenes y los entregaron al cartel Guerreros Unidos, que los asesinaron e incineraron en un vertedero.
Pero esa hipótesis es rechazada por los padres de los jóvenes y por organismos internacionales.
La OACDH analizó información de 63 personas, de un total de 129 imputadas. De ellas, al menos 34 (33 hombres y una mujer) sufrieron torturas.
El reporte matiza que los casos se dieron en la etapa inicial de la investigación, a partir del 5 de octubre de 2014, cuando la Procuraduría General de la República (PGR) se hizo cargo de la investigación.
Antes, la investigación estaba a cargo de la Fiscalía del Estado de Guerrero, donde ocurrieron las desapariciones de los 43 estudiantes normalistas la noche del 26 de septiembre y madrugada del 27 de ese año.
La ONU pide que se hagan las investigaciones pertinentes y que se excluya o declare nula cualquier prueba del caso Ayotzinapa sobre la que existan razones fundadas de que fueron obtenidas bajo tortura, tal como lo dictan las normas del derecho internacional y la Ley General sobre Tortura vigente en México.
