Texto: Jesús Guerrero | Amapola
Fotografía: Amílcar Juárez
CHILPANCINGO, GUERRERO.- Parece una historia de ficción: una niña de 14 años que sufrió matrimonio forzado fue encarcelada por la policía comunitaria, debido a que la madre de su esposo, de 17 años, demandó la devolución de los 160 mil pesos que pagó por la boda. Ahora, la niña y su familia huyeron de su pueblo, en Cochoapa el Grande.
La menor, a quien le pondremos el nombre de Ema para resguardar su identidad, fue obligada a casarse en julio del 2021 cuando tenía 13 años. El esposo era un joven de 16.
El abuelo materno y el tío paterno de Ema recibieron 160 mil pesos como dote de boda, en la que hubo comida, alcohol y baile, que los padres del novio pagaron.
Pero el suplicio de Ema continuó después de su matrimonio forzado ya que sus suegros y esposo se la llevaron a los campos agrícolas de Autlán, Jalisco.
En ese lugar, a pesar de su corta edad, su nueva familia la obligaba a guisar todos los días el desayuno, almuerzo, comida y cena.
La niña también trabajaba en los campos agrícolas sin recibir ningún dinero. Su paga se la daban a su suegra.
“La suegra y el hijo prácticamente estaban explotando a la niña, quien poco después de haber sido obligada a casarse quedó embarazada”, dice Neil Arias Vitinio, abogada del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
La primera huída y la segunda cárcel
En marzo de este 2022 la niña, esposo y suegros regresaron a Cochoapa El Grande. La menor tenía más de ocho meses de embarazo.
Ema decidió huir de la casa de sus suegros y refugiarse con su mamá que tiene su vivienda, en la misma cabecera del municipio.
En un parto de alto riesgo, la menor de edad parió en el centro de salud de Cochoapa.
Pero la suegra no se quedó contenta con su huida y continuamente la hostigaba para exigirle la devolución de los 160 mil pesos que había pagado por su “venta”.
El 28 de abril, todavía convaleciente del parto, la suegra acompañó al comandante y a cinco integrantes de la policía comunitaria para que la detuvieran, junto con una de sus hermanas.
La familia política buscaba presionar a sus familiares para que les devolvieran el dinero.
Personal del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan acudió a la cárcel de Cochoapa, y con el apoyo de la Fiscalía General del Estado (FGE) logró la liberación de las dos niñas.
La segunda huída
Al comandante y cinco policías comunitarios se les integró una carpeta de investigación por el delito de privación ilegal de la libertad en agravio de las dos menores de edad. Sin embargo, la FGE no ha actuado y ahora los policías comunitarios persiguen a Ema por el robo de un arma cuando fue detenida.
“Eso es absolutamente falso, ella no robó ninguna arma”, dice la abogada Arias Vitinio.
La situación de Ema, su mamá y otros siete familiares -hermanos y primos- se complicó a tal grado que tuvieron que huir de su comunidad en la Montaña Alta, una región que tiene los índices de pobreza y marginación más elevados del país.
Ahora, Ema y su familia viven en una casa lejos de Cochoapa El Grande, donde se mantenían de la venta de atole. A veces no tienen para comer.
“Se salieron de su comunidad prácticamente sin nada y hasta ahora no vemos el apoyo de las autoridades del gobierno del estado”, expresa la abogada.
Las otras Emas
El de Ema es un caso único. En octubre del 2021, se informó del caso de la niña Nayely de la comunidad Joya Real, municipio de Cochoapa El Grande, quien escapó de sus familiares para evitar que la casaran de manera forzada a cambio de la cantidad de 200 mil pesos.
Como Ema, también Nayely fue detenida por la policía comunitaria para que sus familiares regresaran los 200 mil pesos que recibieron como dote del matrimonio.
Arias Vitinio, dijo que a más de ocho meses de que la gobernadora morenista Evelyn Salgado Pineda y la titular de la Secretaría de la Mujer, Violeta Pino, pusieron en marcha la estrategia para frenar los matrimonios forzados en la Montaña este plan solo se ha concretado en realizar talleres de información en las comunidades y cabeceras de los municipios.
“No se va a fondo en el asunto”, dijo la abogada.
Cuestionada sobre el tema, Violeta Pino Girón contestó una llamada pero dijo que en ese momento era imposible dar una versión porque estaba en una reunión.
“Después le regreso la llamada”, dijo la funcionaria estatal.
Este trabajo fue publicado originalmente por AMAPOLA, que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar la publicación original
