Emiten medidas cautelares para que la población reciba adecuada atención médica y se someta a descontaminación el río.
Por: Violeta Meléndez | Ágora Informativa
Guadalajara, Jalisco. 8 de febrero de 2020. (Letra Fría) La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró que la población de El Salto, Juanacatlán y las comunidades de San Pedro Itzicán, Agua Caliente, Chalpicote y Mezcala, del municipio de Poncitlán, están en grave riesgo debido a su exposición a una amplia gama de contaminantes que se vierten en la cuenca del río Santiago, por lo que urgió al gobierno mexicano y al de Jalisco a emprender medidas que atiendan sus necesidades de salud.
Esta información la dio a conocer hoy la Organización de los Estados Americanos (OEA) a través de un comunicado de prensa, en donde revela que el CIDH emitió una resolución donde dicta medidas cautelares dirigidas a México para que dé seguimiento a las personas enfermas de cáncer, enfermedad renal, malformaciones congénitas, entre otros padecimientos causados por agentes tóxicos en el entorno donde se desarrollan.
Esta resolución se dicta debido a que la directora del Instituto de Derecho Ambiental y académica de la Universidad de Guadalajara, Raquel Gutiérrez Nájera, solicitó a la CIDH el año pasado atraer el caso de la contaminación grave en el Santiago, pero específicamente en cinco kilómetros de longitud que abarca a las comunidades antes mencionadas, afectadas en su salud desde hace años.
Previo a este resolutivo, la CIDH tomó en cuenta sendos estudios que presentó la investigadora sobre el caso y, además, solicitó información tanto al gobierno del estado como al federal, los cuales le hicieron mención de medidas que estaban tomando: la instalación de 15 puntos de monitoreo de calidad del agua en el río, visitas de inspección por parte de la Comisión Nacional del Agua, la cual realizó 81 revisiones de 2014 a 2018 y sancionó a seis empresas, entre otras acciones.
“La Comisión toma nota de que no solo los altos grados de exposición a sustancias tóxicas o peligrosas en sí mismos representan una amenaza a los derechos a la vida, integridad personal y salud, sino que también puede constituirlo la exposición crónica y permanente de bajo nivel a tales sustancias. Como quedó reflejado en el expediente, según los estudios técnicos suministrados, los niveles de contaminación del cauce del Río Santiago, en el trascurrir de los últimos 20 años, han alcanzado niveles alarmantes de toxicidad”, señala el reporte de CIDH.
“No obstante, la Comisión advierte que la principal medida de descontaminación implementada por el Estado se refiere a las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales. Sin perjuicio de la relevancia de las mismas para el tratamiento de aguas residuales domésticas, se nota que, de acuerdo con información suministrada por la solicitante y no desvirtuada por el Estado, tales no son medidas idóneas para la contaminación producida como consecuencia de residuos industriales”, cuestionó.
La decisión que tomó la CIDH fue que el Estado adopte medidas necesarias para preservar la vida y salud de los pobladores de las comunidades antes citadas, principalmente que les dote de atención médica especializada.
Esta información se da a conocer el mismo día en que funcionarios del gobierno del estado se reunieron con el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Víctor Toledo, con quien acordaron reforzar la vigilancia de las descargas en el Santiago y compartir información que tienen sobre estos vertidos.
Además, esta semana se realizó la denominada macroexcursión por el cauce, donde el gobernador Enrique Alfaro presentó obras relacionadas con colectores y plantas de tratamiento, que según citó la CIDH en su reporte de medidas cautelares, no son suficientes para retirar metales pesados ni otros compuestos relacionados con las enfermedades de la población.
En ese mismo evento, el secretario de Salud, Fernando Petersen, anunció que el municipio de Poncitlán contará con un especialista en riñón, un nefrólogo, para atender a las personas enfermas de ese órgano, sin embargo, el activista Enrique Lira le espetó que es insuficiente, pues son decenas de personas las que padecen ese tipo de males en el municipio.
Finalmente, la Comisión dio a conocer que el Estado Mexicano tiene un plazo de 15 días, a partir del 5 de febrero pasado, para emitir una respuesta sobre las medidas cautelares dictadas.
*Información de Ágora Informativa*
