Agustín del Castillo
Autlán de Navarro, Jalisco. 27 de abril de 2022. (Letra Fría) Nuevamente se abre el debate sobre la pertinencia de la verificación de automotores en Jalisco. Nuevamente salen a la luz la colusión de intereses equívocos, si entendemos bien una palabra tan resbalosa: equívoco es aquello que sugiere significados diversos e incluso opuestos. Pero la palabra es oportuna por la amplia paleta de críticas al programa, ideado en el gobierno de Aristóteles Sandoval Díaz (2013-2018) y ajustado en el actual: unos señalan que es un despropósito en sí mismo; o bien, lo descalifican por su componente recaudatorio, por presuntamente violar las normas oficiales en la materia, por no estar ligado a una planeación general de ciudades verdes o resilientes al cambio climático, o simplemente por violar presuntos derechos de programas previos, como el de verificación que puso en marcha el gobierno de Emilio González Márquez, en 2008, y que terminó lastrado de corrupción.
Son muchas opiniones, pero tenemos que partir de los hechos: los programas de verificación de autos no son una ocurrencia del gobierno de Jalisco, sino que tienen una aplicación en muchos rumbos del planeta: Pekín, Santiago de Chile, Manila, Nueva Delhi, Calcuta, Medellín, Roma, Los Ángeles, Madrid, Nueva York, París o Londres, para citar las conurbaciones más importantes en términos económicos en el mundo. Parten de la premisa del tremendo impacto ambiental y a la salud humana que significan las emisiones de millones de autos en las ciudades de todos los tamaños. Esta forma de movilidad es responsable de casi 20 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero, el factor central de la crisis global por calentamiento de la Tierra (todas las formas de movilidad motorizada generan alrededor de una tercera parte de las emisiones).
Y además de ese efecto pernicioso en la atmósfera, el hecho de que sea aire respirado por cientos de millones de personas, va a provocar que cada año pierdan la vida hasta siete millones de personas expuestas, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS): “La contaminación del aire es el principal riesgo ambiental para la salud pública en las Américas. En todo el mundo, cerca 7 millones de muertes prematuras fueron atribuibles a la contaminación del aire ambiental en 2016. Alrededor del 88% de estas muertes ocurren en países de ingresos bajos y medios”, señala el organismo (https://www.paho.org/es/temas/calidad-aire).
Agrega: “más de 150 millones de personas en América Latina viven en ciudades que exceden las Guías de Calidad del Aire de la OMS. La exposición a altos niveles de contaminación del aire puede causar una variedad de resultados adversos para la salud: aumenta el riesgo de infecciones respiratorias, enfermedades cardíacas, derrames cerebrales y cáncer de pulmón las cuales afectan en mayor proporción a población vulnerable, niños, adultos mayores y mujeres”.
¿De qué forma, un programa de verificación puede ayudar a mejorar esta situación? Fundamentalmente, porque levanta un registro de lo que emiten todos los vehículos, y en función de los parámetros máximos fijados, les permite circular, o no. Esto implica un costo porque se trata de empresas concesionarias de líneas de verificación, y de un proveedor único de software, lo que implica el uso de alta tecnología. La ventaja de esta fórmula técnica es que reduce radicalmente la posibilidad de alterar las pruebas, lo que se daba con el programa de 2008, con diversos proveedores de tecnología, tráfico de “autos-nodriza” para simular la verificación e incluso de hologramas originales (negocio que enriqueció, además de a muchos proveedores mecánicos inescrupulosos, a funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable, conforme se pudo comprobar). Una segunda ventaja es que no se distraen recursos del estado: la inversión y riesgo corren a cuenta de los privados.
El usuario debe, pues, pagar la prueba, alrededor de 500 pesos, dinero que se divide entre el pago para el proveedor único, el empresario de la línea de verificación, y el gobierno de Jalisco. Éste reúne lo recaudado y lo integra a un tipo de Fondo Verde que es utilizado para diversos proyectos contra la contaminación o a favor de una vida más sustentable en los entornos urbanos. En teoría, significa que se pueden apoyar investigaciones para mejorar la red existente de monitoreo atmosférico (un primer paso que fue esencial en los años 90 del siglo XX: medir la contaminación en diversas zonas de Guadalajara, y que ahora se analiza extender a ciudades medias como Puerto Vallarta, Lagos de Moreno, Tepatitlán, Ciudad Guzmán u Ocotlán, pero que también se puede establecer de forma itinerante en ciudades menores como Autlán, Cihuatlán o Ameca), que se pueden financiar obras de reverdecimiento urbano, que se puede apostar por mejorar el transporte colectivo (el proyecto piloto, el transporte escolar, por ejemplo) y por transporte no motorizado. Incluso, podría ser de forma seminal un fondo de servicios ambientales que tanto necesita, por ejemplo, el área metropolitana de Guadalajara, y en general, las grandes poblaciones de Jalisco, para sostener las joyas de la corona, como son las reservas naturales (Manantlán, Quila, Nevado de Colima, La Primavera…).
Si por esto se acusa al programa de recaudatorio, no hay problema: es necesario ampliar la recaudación para financiar el cambio a un estilo de vida que genere menos emisiones y que gaste menos energía.
De pasada: por eso encuentro pernicioso, y típicamente populista, la tentativa de descenso de valor de las gasolinas que manejan los diferentes gobiernos en México. Mientras no paguemos a su justo valor, es decir, con el daño ambiental internalizado, los combustibles fósiles de nuestros autos y de nuestras termoeléctricas, no podremos resolver el tremendo problema de salud pública que ocasiona este estilo de vida. Hay que decirlo: el motor de combustión interna que mueve a nuestros autos es un invento genial y revolucionario, pero no podemos dejar pasar su enorme ineficiencia: se estima que los autos debidamente afinados y con motores en mejor estado, no pasan de 40 por ciento de quema eficiente de combustible. El resto sale crudo por los escapes hacia la atmósfera, y lo respiraremos usted o yo, si pasamos por allí, dependiendo de la prevalencia del gas en función de la cuenca atmosférica local.
En vez de pedir gasolinas baratas y de baja calidad, una sociedad responsable no solamente somete a sus autos a verificación, sino que exige gasolinas de mayor calidad, como en su momento fue la gasolina sin plomo, que en los años 90, junto con la adopción de los convertidores catalíticos, propiciaron un importante descenso en la contaminación de nuestras ciudades (http://ciencia.unam.mx/leer/459/Convertidores_cataliticos_de_autos_disminuyen_emisiones_de_gases_contaminantes)… solo para después, con el abaratamiento del auto, regresar a las viejas fronteras, por la más que duplicación del parque vehicular del país.
También es necesario que una gasolina pagada a precio real signifique la más importante aportación a los fondos verdes para financiar las ciudades resilientes. ¿Cuántos políticos, no digamos el lamentabnle Partido Verde, han pedido algo similar?
Regresemos a la verificación: es correcto aplicarla y debe ser de aplicación general, pero se deben enfrentar dos problemas que, inexplicablemente, no plantea el programa estatal vigente: no hablo de la necesidad de más líneas de verificación, un proceso claramente rezagado y que pende como espada de damocles sobre el usuario, que puede ser chantajeado y extorsionado por agentes viales al faltar la indispensable calcomanía (¿a poco tenemos agentes viales extorsionadores?), sino de un problema social que se está generando porque cientos de miles de vehiculos, quizás un millón, no tiene condiciones para pasar la prueba. Un millón es un número descomunal, pero además, significa la afectación de las familias de más escasos recursos. La respuesta del gobierno se ha limitado a ofrecer créditos de bajo costo para los poseedores de vehículos para trabajo, carga fundamentalmente, que no llegan a ser sino varias decenas de miles. Pero pretender que cientos de miles se bajen de su auto para ir a la escuela, al trabajo o a trámites, sin ofrecer a cambio un sistema de transporte adecuado (hay avances reales, no cuesta admitirlo: pero no tenemos en este momento un verdadero sustituto. Las periferias de nuestras ciudades carecen de opciones de movilidad viables, es oneroso e inseguro obligar a la gente a caminar por kilómetros, a pagar servicios privados costosos u operados por el crimen).
Además de este problema social, encuentro inexplicable que los datos para promover la inversión en líneas de verificación en Jalisco, señalen que en 2035, por citar un año, habría más del doble de los autos que hoy circulan en nuestras ciudades y carreteras. ¿Para que diablos apostamos por un programa de verificación que no va a reducir el uso del automóvil ni sus graves externalidades en ambiente y salud pública?
El investigador del Iteso, Héctor Castañón, me aportó recientemente una tercera omisión: el muy reconocido programa de cambio climático que ha presentado Guadalajara en 2021, con reconocimientos de ONU, no liga el tema de la verificación a otras estrategias para reducir emisiones. ¿Cómo puede hablarse de reducir la contaminación de automotores con un programa aislado que ni siquiera fija metas de reducción?
Son estos los temas acuciantes que le debemos exigir al gobierno de Jalisco aclarar y ajustar, y no el oscurantismo populista de tratar de evitar el pago de la verificación (sin duda, sería razonable establecer un modelo de pago más asequible a los que menos tienen) o de acusarlo de inútil, de negocio de privados y de mera recaudación. Si hubiera corrupción, debería probarse, pues somos una democracia y un régimen legal. Y aunque los derrotados con el modelo de negocios anterior estén en su derecho de reclamar, hay que exigirles la aportación de pruebas; de lo contrario, es excesivo el sobrepeso que tiene esa verdad alternativa, para seguir en la narrativa posmo que solo beneficia a intereses ajenos a los colectivos, como son la salud y el ambiente.
El populismo no es solo un estilo de gobierno, es una forma de vida. Y esencialmente, consiste en que los ciudadanos dejen de serlo, es decir, que no ejerzan voluntariamente muchos de sus derechos y que el líder, de facto, los interprete por ellos a favor de intereses particulares que son su abordaje en el apropiamiento del estado y de los símbolos coletivos. Pero también implica que se dejen de lado muchas obligaciones juzgadas onerosas o que fomentan la desigualdad.
Es paradójico, porque nada fomenta más la desigualdad que un proceso de contaminación que siempre va a afectar a las zonas donde habitan los más pobres, que como siempre, son los que ponen a la víctimas, a los muertos. Buena oportunidad de ensayar una recuperación del debate sobre ejes de verdades simples pero objetivas, es decir, comprobables, verificables. La verificación debe hacerse, pero debe atender las críticas serias a sus debilidades y omisiones. No hay democracia sin crítica y “la crítica es lúcida, o es diatriba…” (Octavio Paz).
MA/MA
