En el año 2026 se ha recordado, con diversas actividades, el centenario del inicio de la Guerra Cristera. A lo largo del año hemos visto publicaciones, conferencias, mesas de discusión, entre otras, alrededor del tema de la Cristiada, teniendo en cuenta que en 1926 ocurrió el cierre de los templos católicos del país por orden del clero, como respuesta a las medidas restrictivas de la llamada Ley Calles.
Sin embargo, el conflicto entre la Iglesia y el Estado mexicanos no nació en ese año 1926. De hecho, el doctor Armando González Escoto le pone fechas de inicio y final: desde 1858 con las Leyes de Reforma hasta 1992 con la reanudación de las relaciones diplomáticas con el Vaticano.
En el archivo de la parroquia del Divino Salvador de Autlán y gracias al acucioso trabajo del párroco Esteban Lara, tenemos evidencia de este conflicto en tiempos de Venustiano Carranza. Con fecha 1 de septiembre de 1918, el padre Lara dejó, con su impecable caligrafía, una nota en el libro de gobierno en el que explica que, a partir de ese día, se cerraban al culto todos los templos de la parroquia de Autlán y, con ellos, todos los del Estado de Jalisco, por disposición del Gobierno Eclesiástico de la Arquidiócesis de Guadalajara, al considerar que no era posible cumplir con lo que disponía el decreto 1913 del Congreso de Jalisco y su reglamento, “al ser ambas cosas en alto grado humillantes para la dignidad sacerdotal y, además, por invadir en parte muy esencial la autoridad de la Santa Iglesia, a quien corresponde únicamente autorizar a sus ministros para la válida administración de los Sacramentos”.
El dicho decreto y su reglamento fueron publicados el 6 de julio de 1918 en el periódico oficial El Estado de Jalisco y en ellos se establecía que la Secretaría General de Gobierno llevaría un registro de los ministros religiosos que sus mismos superiores hubieran designado como encargados de cada templo o para oficiar en una determinada circunscripción territorial. Este registro incluiría el retrato del sacerdote y, por cada sacerdote registrado, se elaboraría una ficha en tres tantos, una de las cuales se entregaría al gobierno municipal correspondiente, que tendría la obligación de vigilar que solamente los sacerdotes que contaran con el registro y la consiguiente licencia oficiaran dentro de su jurisdicción.
Desde el 1 de agosto de ese año no podrían oficiar en Guadalajara sacerdotes que no contaran con licencia y, desde el 1 de septiembre, no podrían hacerlo en el resto de Jalisco. El decreto y su reglamento están firmados por Manuel Bouquet, jr, gobernador sustituto del Estado de Jalisco, y por Tomás López Linares, secretario de Gobierno.
Volviendo al registro del padre Lara, en el último párrafo advierte que “El sacerdote que solicitara en la forma antes dicha del gobierno civil el permiso de ejercer su ministerio incurriría en la gravísima pena llamada excomunión, se haría apóstata y todos sus actos ministeriales resultarían nulos”.
De modo que los autlenses estuvieron sin acceso a los templos con que entonces contaba la ciudad durante varios meses, hasta que el 1 de febrero de 1919, según un registro posterior del padre Esteban Lara, llegó un telegrama calzado con la firma del Capitular Jefe Supremo de la Arquidiócesis, en representación del arzobispo Francisco Orozco y Jiménez ordenando la reapertura de los templos y la reanudación del culto público.
En este registro, de fecha 3 de febrero de 1919, el padre Lara afirma que “¡Jamás noticia alguna ha sido recibida con tanto entusiasmo como esta, jamás nueva alguna ha causado tanta alegría como esta! ¡Todas las clases sociales estaban ebrias de contento! Aquí el día dos celebramos una fiesta religiosa muy suntuosa, en honor de Nuestra Señora del Rosario, patrona del pueblo, en acción de gracias por tan señalado beneficio”.
Es posible imaginar el grado de desmoralización de los fieles autlenses ante este periodo de suspensión de los cultos, que incluyó los días de la fiesta patronal de octubre y que se sumó a una serie de circunstancias terribles en esos mismos años, con su consiguiente impacto en la economía regional: la presencia en la región del bandido Pedro Zamora, los estragos de la gripe española, y el abandono del campo y otras actividades productivas.
Fuentes:
- Archivo de la parroquia del Divino Salvador. Libro de gobierno número 6, fojas 40 y 41.
- El Estado de Jalisco. Periódico oficial del gobierno. Sábado 6 de julio de 1918, Tomo LXXXV, número 45, pp. 453-454.
