En julio de 1926 se publicó la Ley Calles, que según la narrativa histórica nacional es la razón de que estallara la “Guerra Cristera”, un conflicto político y militar que enfrentó al Estado mexicano y a la Iglesia Católica. Porque en este mes se cumplen 100 años de ese suceso, resulta valioso tener presente las atrocidades del pasado con el ánimo de ahuyentarlas del presente. Que como toda guerra fue violenta, como todo conflicto armado, es fratricida.
Si bien los protagonistas de la historia cristera son los sacerdotes y los soldados, la escuela y los maestros fueron actores que tuvieron vela en el entierro. La tarea de enseñar, y las escuelas como el espacio en el que se enseña, se consideraron un bastión en disputa, y también una trinchera en la que se peleó la formación de las almas.
Se necesitan un par de antecedentes; empecemos por el más antiguo. Desde el largo proceso del virreinato, la Iglesia Católica asumió la responsabilidad de la educación en el país: fueron congregaciones religiosas las que fundaron universidades en las ciudades más grandes, las parroquias mantuvieron colegios para la educación elemental en los pueblos y la enseñanza del catecismo en los templos fue, en los espacios rurales, de las pocas experiencias alfabetizadoras a las que los mexicanos tenían acceso. Esta educación, como es fácil suponer, reproducía y cultivaba las visiones y valores propios de la institución que la promovía y que, en muchos momentos de la historia universal, no ha admitido discrepancias.
Por su parte, el Estado mexicano avanzó en su consolidación, la cual tiene su máxima expresión en la Constitución de 1917. El artículo tercero, desde su primera edición, ha conservado el carácter laico de la educación que imparte el Estado, a quien se reconoce como el responsable de educar. Esta propuesta, como es natural, ha reproducido la ideología y el proyecto de nación de quien encabeza el Estado, y que en muchos momentos de la historia universal, tampoco ha admitido discrepancias.
No hay guerra en la que los participantes estén libres de abusos. Durante la Revolución, las escuelas religiosas fueron objeto de clausuras y hostigamiento durante la lucha armada, mientras que la consolidación de la Secretaría de Educación Pública (SEP) impulsó una alfabetización nacionalista que se convirtió en uno de los grandes triunfos de la lucha. En la segunda parte del conflicto cristero, los soldados de ese bando identificaron a los maestros como agentes del Estado, ensañándose con ellos mediante el salvajismo de la mutilación de orejas.
En el fondo, se enfrentaron dos ideas sobre la formación de personas que se concebían incompatibles. Ninguno de los bandos fue neutral sobre la escuela; la disputaron como una trinchera estratégica para el triunfo. Quien la ganaba, formaba las almas que se acercaban o se alejaban del ideal de persona, ciudadano o fiel que el proyecto demandaba.
A cien años, el principio de educación laica se mantiene en el artículo tercero constitucional, la Iglesia mantiene colegios y universidades, y las personas deciden dónde estudiar. El debate no ha sido conclusivo, e incluso es sano volver a él de vez en cuando acentuando la compatibilidad de visiones; hacerlo es necesario para que los tambores de guerra permanezcan guardados. Debe ser prioritario que se mantengan así: innecesarios, lejanos, como piezas de museo.
