Por: Zona Docs | Alianza De Medios
Ambos feminicidios ocurrieron dentro de las instalaciones del ministerio público de este municipio, mientras las víctimas intentaban interponer una nueva denuncia en contra de quién terminaría siendo también su feminicida, Cristofer Gerardo “N”.
CLADEM Jalisco reprobó las declaraciones que realizó el Gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez sobre el caso y le recordó que la prevención de la violencia feminicida y las políticas públicas de protección a las mujeres no es un asunto de “predicción”, como sugirió el gobernante.
Liliana Tinoco y su madre Alondra Franco fueron asesinadas dentro de las instalaciones del Ministerio Público de Poncitlán, Jalisco, mientras intentaban interponer una denuncia por violencia intrafamiliar en contra de Cristofer Gerardo “N”, pareja de Liliana.
Era la segunda vez que Liliana acudía a pedir ayuda, pues el personal ministerial “le pedía pruebas para darle seguimiento a su caso”, denunció el Comité de América Laguna y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM) en Jalisco en un comunicado.
Cristofer Gerardo “N” siguió a ambas mujeres sin que ellas se percataran, entró a las instalaciones del Ministerio Público en Poncitlán, sacó un arma de fuego y “frente a las autoridades comete dos feminicidios”, señaló la organización.
Los hechos sucedieron el pasado 31 de enero.
Si bien, Cristofer Gerardo “N” fue aprendido el 1 de febrero, un día después de haberse dado a la fuga, “el Estado de Jalisco y sus instituciones de procuración y administración de justicia le vuelve a fallar a las mujeres” sentenció CLADEM Jalisco.
Y es que el feminicidio de Liliana Tinoco y Alondra Franco deja en evidencia el no cumplimiento de la obligación estatal para garantizar el acceso a una vida libre de violencia para las mujeres, así como el derecho a la vida.
En ese sentido, la organización que trabaja por la defensa y protección de los derechos de las mujeres en el estado, reprobó las declaraciones del Gobernador, Enrique Alfaro Ramírez, quien afirmó ante los medios que “como gobierno es difícil controlar y predecir la conducta de los agresores”.
“Decir eso es eximirse de su responsabilidad como administrador del Estado, de prevenir la violencia lenta o feminicida”, refutaron.
Y no dudaron en explicar a la autoridad estatal que la prevención “debe ser una apuesta fundamental de cualquier política pública” y no una suerte de lectura de cartas o predicción del futuro, como lo planteó Alfaro Ramírez.
El doble feminicidio de Liliana y Alondra, hija y madre demuestra también “la falta de capacitación y sensibilización en materia de feminicidios y otros delitos vinculados a la violencia contra las mujeres por parte de los funcionarios públicos”, agregó CLADEM.
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