Por: Esther Armenta
Autlán de Navarro, Jalisco. 17 de noviembre del 2021. (Letra Fría) Vergonzosa, injusta e inmoral, así definen los ex regidores de la administración 2018-2021, la relación que mantuvo el gobierno de Miguel Ángel Íñiguez Brambila con el abogado Jorge Alberto Franco Chávez, con quien se pactó un contrato por asesoría legal por dos años y dos contratos más por la prestación de servicios profesionales para interponer juicios de amparo.
A Jorge Franco se le pagaron cerca de 2 millones 658 mil 760 pesos en 24 meses, pero de esto no tenían conocimiento los ediles del ayuntamiento, por eso, se dicen sorprendidos tras la publicación de “El Abogado Favorito”, la investigación publicada por Letra Fría el 15 de noviembre, donde se detallan los contratos entre el abogado y el gobierno local.
Uno de los ex funcionarios públicos que habla al respecto, es Juan Luis Garay Puente, representante de la fracción edilicia de MORENA en el periodo administrativo en mención. Ahora, a casi dos meses de haber dejado el cargo, asegura que nunca tuvo conocimiento de los acuerdos pactados entre la administración municipal vía el ex alcalde, con Franco Chávez.
“Jamás estuvimos enterados del contrato que se firmó, puesto que esto es una facultad de la parte ejecutiva ya que nosotros como regidores únicamente teníamos la facultad de aprobar el presupuesto de egresos en relación al monto o la etiqueta económica que se destinaba a la contratación de asesoría. Todo lo demás ya le correspondía al presidente si se lo gastaba en una sola exhibición o le daba uso de alguna manera promediado al recurso etiquetado y que estaba dentro de la ley. Por esa parte la responsabilidades directas tienen que caer en el presidente municipal, la tesorera y las personas cercanas que estuvieron con él”, dijo en entrevista a Letra Fría.
Vía telefónica y con voz decisiva, Garay Puente testifica que Jorge Franco llegó al gobierno municipal a través del primer secretario general que la administración tuvo, Gilberto García Vergara, quien en este momento es dirigente estatal del Partido Encuentro Social, grupo político al que Franco Chávez representó en los años 2017 y 2018.
La respuesta es “no”, cuando se le cuestionó al ex edil si consideraba que los regidores de ese entonces tienen responsabilidad en el tema.
Los pagos al bufete FMC Bufete, son considerados como un conflicto de interés por la también morenista Haidyd Arreola López, quien justifica las contrataciones al ser un derecho de los funcionarios públicos la contratación de asesores jurídicos, pero se manifiesta en desacuerdo cuando al momento de analizar los montos asignados para las asesorías recibidas por Miguel Ángeles Íñiguez Brambila.
“Es injusto e inmoral que recursos tan elevados se utilicen para tal figura, ya que considero que cada funcionario público tendrá que ser responsable por documentarse y prepararse en todos los sentidos para cada toma de decisión y de serle necesario un asesor jurídico, debería correr por su cuenta personal el pago de los derechos de servicios”, compartió.
Con un tono más discreto y mesurado en sus declaraciones, el ex regidor de la administración 2018 -2021 y ahora alcalde de Autlán de Navarro, Gustavo Salvador Robles Martínez, coincide con Arreola López.
“Sí conozco a la persona mencionada, ahí estuvo siempre, yo entendía a la figura que representaba como un asesor, que es válido tener asesores porque al final de cuentas no tienes la verdad absoluta y en estos momentos tenemos que cuidar mucho la forma de cómo ejecutar las acciones y no salirte del marco de lo legal. El tema aquí que es un poquito más lastimoso es el manejo que le dieron a esos recursos o la situación donde se ve violentado que ese dinero se destino en esa magnitud a ese despacho, a ese bufete”, dijo.
Por otro lado el ahora presidente municipal justificó los honorarios recibidos por Jorge Alberto, al señalar que pudo tratarse de una contratación en la que destacaron la “confianza, profesionalismo, resultados o solidaridad”, pero no descartó que sea preocupante la distribución de recursos que se hizo en el periodo pasado.
“Al final de cuentas estamos en un mercado en donde existe la oferta y la demanda, yo entiendo que cada uno le pone precio a su trabajo, a su servicio, soy muy respetuoso porque al final de cuentas ellos como ejecutivos tomaron la decisión, algo tuvo que haber surgido: confianza, profesionalismo, resultados, solidaridad, algún argumento tuvo que haber existido para generar esa diferenciación con otros despachos que se dedicaran a lo mismo (….) Es una situación un poco preocupante porque existiendo muchas otras necesidades, recursos que tuvieron que destinar a servicios básicos, se fueron a servicios de asesoría”, destacó Gustavo Robles.
“El Abogado Favorito” es una investigación periodística que documenta la relación que tuvo el Ayuntamiento de Autlán de Navarro, con Jorge Alberto Franco Chávez, quien se convirtió en el abogado favorito del ex alcalde, Miguel Íñiguez. Por brindar asesoría jurídica, el licenciado fue favorecido con un pago mensual de 59 mil 740 pesos durante toda la administración. Además, cobró 1 millón 225 mil pesos adicionales por interponer dos juicios de amparo: El primero, para desbloquear las cuentas que congeló la Unidad de Inteligencia Financiera; el segundo, para evitar que la CFE le cortara la energía eléctrica al municipio. También facturó por reparar aires acondicionados.
EA/MA
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