Por Agustín del Castillo
Guadalajara, Jalisco. 28 de junio de 2022. (Letra Fría) Jalisco es la tercera economía del país por aportación al producto interno bruto, solo precedido por la gran conglomeración urbana del Estado de México (la capital nacional y su conurbación), y por el emporio industrial regiomontano.
A diferencia de ambos núcleos económicos, el de Jalisco reviste singularidades: por un lado, su primer lugar en generación de riqueza agropecuaria mexicana la hace un sistema económico relativamente más tradicional (relativamente: pues no podemos ignorar las enormes innovaciones tecnológicas del sector agroalimentario), y dado que esa aportación no deja de ser periférica a lo que dan los sectores secundario y terciario, como en toda economía moderna, lo que subraya es su mayor diversificación. Y hay un tercer elemento diferente sobre el que deseo llamar la atención: Jalisco tiene una economía más dependiente de los servicios ambientales, es decir, los que provee la naturaleza. Está, en consecuencia, más expuesto que sus dos grandes competidores a los vaivenes de la crisis ambiental mundial en que se ha convertido el cambio climático antropogénico.
Razonemos un poco: el campo no es ya el eje de la riqueza de ninguna nación próspera, después de la industrialización. Pero en Jalisco, al lado de una de las tres grandes ciudades del país, situada entre las primeras 20 de América Latina por generación de PIB, coexiste un amplio mundo rural. En términos poblacionales, tres millones de habitantes que no habitan el área metropolitana de Guadalajara significan un valor demográfico y cultural que no posee Monterrey (con 95 por ciento de la población de Nuevo León dentro de su gran ciudad). Y si bien, todos los valles agrícolas contiguos a la Ciudad de México dependen de los servicios y surten los mercados de esta, no tienen la diversificación ni el potencial de los de Jalisco.
Es decir, el campo de Jalisco es muy productivo, porque tiene una cultura rural que no se ha perdido. Ese fuerte carácter de sus regiones deriva sin duda del potencial productivo, pues la entidad tiene ecosistemas variados que pueden dar posibilidades a muchos tipos de cultivos y de ganaderías: desde el semidesierto del altiplano de Los Altos hasta el trópico tórrido de la larga línea de costa en el Pacífico, pasando por mesetas templadas, tierras ricas en agua y monte seco y cálido. A esto hay que agregar la cultura de trabajo de muchas regiones, donde el esfuerzo es considerado la principal virtud. Quizás el individualismo excesivo deba ser marcado como desventaja, pero en los núcleos familiares eso permite que las unidades productivas tengan una relativa igualdad y acceso democrático a bienes y servicios.
Esto también explica que las cientos de miles de unidades económicas pequeñas sean más valiosas por el sostenimiento social que aportan, que por la riqueza en sí. Jalisco es tal vez uno de los estados con mayor tradición de clases medias, y eso explica por qué su participación en procesos políticos radicales, como la revolución, fuera marginal: en el estado, salvo en las áreas más despobladas de la costa, no hubo latifundios especialmente brutales y onerosos sino por excepción: la pequeña propiedad está tan arraigada como después se adaptó el ejido, pues este se aparceló y dio posibilidades de unidades familiares de trabajo muy semejantes a las de los parvifundistas.
Pero sostener tantas unidades de producción de bienes y empleo tiene las desventajas inherentes a toda atomización de propiedades y recursos: es necesaria una fuerte cultura organizativa, que en el estado es más bien débil, para acceder a economías de escala y competir en mejores condiciones con los gigantes. También obliga a depender de forma más crítica de los bienes de la naturaleza producidos en el propio entorno. Cada ganadero, cada agricultor, cada productor pesquero o forestal, necesita cuidar sus espacios propios para obtener forrajes, agua, calidad climática, tierra fértil y demás insumos indispensables para generar riqueza, así sea modesta.
Bajo estas bases, no es difícil comprender por qué titulé esta columna en términos tan dramáticos y a la vez paradójicos, casi un oximorón: tragedia silenciosa. Claro, no veremos en el corto plazo la debacle de gigantes, sino la discreta eliminación de unidades productivas ante la pérdida de agua disponible, el cambio de clima, la erosión progresiva del suelo y la degradación de los ecosistemas y la pérdida de biodiversidad. ¿A dónde se irán quienes hoy viven del campo y sus recursos? Migración a ciudades y a Estados Unidos, a centros vacacionales, a grupos criminales; peor calidad de vida, existencias más breves, destrucción de culturas campesinas. ¿El país podrá con esa sangría discreta pero permanente?
Y si a esto ligamos el problema que la crisis ambiental ya significa, de forma creciente, para las ciudades, la ecuación no termina de cuajar: ¿migrarán a ciudades con sed, con escasos bienes públicos, con altos riesgos ambientales y sociales, con empleos mal pagados, con pérdida de seguridad alimentaria por la debacle progresiva de la producción de alimentos?
Es claro que Jalisco debería poner en primer lugar entre sus prioridades la prevención, la mitigación y la adaptación al cambio climático, justo por los enormes riesgos que entraña para la gallina de huevos de oro que es esta entidad diversificada, rica y educada, para los parámetros mexicanos. ¿Eso está sucediendo?
Me temo que no. La famosa “refundación” de Enrique Alfaro Ramírez ha sido un eslogan de propaganda exitoso que se diluyó muy pronto, cuando el gobernador se dio cuenta de que estaba vacío de contenido. Y estaba vacío de contenido porque faltó imaginación y talento para reconocer que los principales problemas de Jalisco, están en la base del desarrollo: justamente ese patrimonio natural poco valorado pese a que sostiene todas las actividades productivas, primarias y urbanas. Rescatar bosques, selvas; tratar aguas de los ríos y lagos; reducir los riesgos de la urbanización desbocada sobre zonas de inundación, deslaves o hundimientos; eliminar progresiva pero aceleradamente la contaminación de los modelos de producción agrícola y ganadero; formar mercados exigentes y conocedores para abrir nichos a los productos orgánicos; generar modelos de desarrollo turístico de verdadero bajo impacto, y en general, subordinar la especulación y la ganancia inmediatista a un sistema más progresivo que permitiera prosperar a más personas. Todo esto, sin olvidar la enorme deuda que se tiene por las instituciones débiles y manipulables que han hecho de nuestro Estado de derecho un guiñapo. Fortalecerlas y atacar con espíritu de legalidad y sentido de democracia los espacios rurales y urbanos que hoy dominan los poderes fácticos.
Caray, había mucho por hacer. Pero el inmediatismo y la sed de poder truncaron la posibilidad. Solo termino con un ejercicio problemático, pero suficiente para darnos cuenta que en realidad, más allá del discurso, no estamos haciendo lo que necesita Jalisco para afrontar el desafío más grande del siglo XXI. En 2017, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, hoy destruido por la incuria e insensatez lopezobradorista, publicó una serie de estimaciones serias sobre lo que le costaría al país adaptarse al cambio climático y generar una nueva economía baja en emisiones con horizonte a 2030.
Y están disponibles para todo ciudadano. “Compromisos de mitigación y adaptación ante el cambio climático para el periodo 2020-2030”, que usted puede leer en el link https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/39248/2015_indc_esp.pdf.
Allí se sintetiza el grave riesgo que se vive ya en muchas regiones del país. Y se detallan los compromisos de haber firmado el Acuerdo de París en 2014, que al haber pasado la aduana del Senado de la República, ya tienen carácter de obligación legal para los gobiernos mexicanos.
“Los escenarios de cambio climático que se estiman para México para el periodo 2015 y 2039, son preocupantes. Se proyectan temperaturas anuales mayores hasta en 2°C en el norte del país, mientras que en la mayoría del territorio podrían oscilar entre 1 y 1.5°C. En el caso de la precipitación, se proyectó, en general, una disminución de entre el 10 y 20%. Todo ello podría traer consecuencias económicas, sociales y ambientales muy importantes”.
La manera de afrontarlo es con medidas de mitigación y adaptación. Entre las primeras, destaca la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Se supone que en 2030, México deberá alcanzar la reducción de 22 por ciento del total de emisiones de GEI, a través de 30 medidas indicativas, distribuidas en ocho sectores de la economía nacional, según la publicación “Costos de las contribuciones nacionalmente determinadas de México”:
“El costo agregado de las treinta medidas sectoriales asciende a poco más de 126 mil millones de dólares de 2017, devengados a lo largo del periodo 2014-2030. De ejecutarse exitosamente esta inversión, se lograría una mitigación de 1,520 millones de toneladas de bióxido de carbono equivalente”. En contraste, “un escenario de inacción ante el cambio climático durante el mismo periodo […] el crecimiento económico, sustentado en los mismos patrones de consumo de energía y de degradación del capital natural del país, requeriría del orden de 143 mil millones de dólares. En consecuencia, una primera gran conclusión del análisis de costos de las treinta medidas indicativas, permite afirmar que la ruta de mitigación representaría para México un costo neto o ahorro de más de 17 mil millones de dólares”.
Añade: “puede afirmarse igualmente que, al cumplir con las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (CND), la economía nacional se inscribiría en una senda relativamente estable hacia la descarbonización, ya que México habría reducido en aproximadamente 37 por ciento la intensidad carbónica de su Producto Interno Bruto y en 23 por ciento las emisiones de GEI per-cápita durante el periodo 2014-2030. Cabe tomar en cuenta que el análisis de las CND soslayó esfuerzos o medidas de mitigación de emisiones de GEI que ya se realizan en el territorio nacional y que, seguramente, abonarán a la consecución de las metas de mitigación. Asimismo, es de esperar que en un futuro cercano surjan nuevas propuestas de rutas tecnológicas alternativas por parte de los sectores público y privado”.
¿Qué de este costo se debe invertir en Jalisco? Una simple regla de tres, con 7 por ciento promedio de aportación al PIB Nacional, hace que esta entidad deba aplicar alrededor de 8,900 millones de dólares (o debía, la estimación se hizo hace ya cinco años). Esto es en pesos, 177,800 millones. El presupuesto de un año que ejerce el gobierno de Jalisco ronda 130 mil millones de pesos… de manera que dividido en 13 años (si movemos el objetivo de 2030 a 2035) da menos de 14 mil millones de pesos anuales.
No nos engañemos: se están haciendo muchas cosas, pero muy lejos de un ambicioso programa de inversión multianual de esa envergadura. La primera explicación, y más importante, es que el gobierno de López Obrador abandonó los temas ambientales en sus políticas de corto plazo y de acumulación de poder. La segunda es que el gobierno de Alfaro sí ha paliado esa ausencia y tiene mejores políticas ambientales, pero la inversión canalizada entre todos los programas no alcanza ni 10 por ciento de esa cantidad ideal a invertir.
Los gobiernos que lleguen en 2024 tendrán ya la lumbre en los aparejos. ¿Tendrán la lucidez y el coraje de invertir por el futuro, por el estado y el país que le heredarán sus hijos y nietos?
MA/MA
