Aunque no necesariamente lo que mal empieza tiene que terminar igual, el proceso electoral del próximo año no comenzó ofreciendo certezas. En Jalisco, dos situaciones han alterado los planes en la organización de los comicios, que formalmente comienzan en un par de meses: por un lado, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) está sin dirigente formal y, por otro y eso nos atañe de manera cercana, una resolución judicial alteró los planes de los partidos políticos: en Autlán y en todos los municipios podrán ser candidatas o candidatos.
A partir del primer día de julio se hizo efectiva la renuncia de Paula Ramírez Höhne como consejera presidenta del IEPC. El consejo designó a Claudia Alejandra Vargas como presidenta provisional transitoria, pues corresponde al Instituto Nacional Electoral (INE) realizar un concurso público para designar a la persona que encabezará el IEPC durante los próximos siete años. Es decir, de manera paralela organizan las elecciones para ayuntamientos y el Congreso local, el IEPC vivirá los inevitables vaivenes de la elección de su dirigencia.
A nivel local, otra decisión movió todo el tablero. En 2025 el IEPC definió que ocho municipios, entre ellos Autlán, debían atender criterios de paridad que obligaban a los partidos políticos a postular exclusivamente mujeres a la alcaldía. Recientemente, la Sala Superior del TEPJF revocó esta obligación: pueden postular a quien sea, lo cual movió el tablero y a las jugadoras. Las listas de jerarquías se redefinieron y desde ahí es donde pueden explicarse los rompimientos y los cambios de partido.
Los humanos modernos convivimos de manera estrecha con la incertidumbre. Incluso hay quien reconoce en la pandemia de 2020 un punto de inflexión en el que la falta de certezas se acentuó: los cambios sociales y humanos son cada vez más rápidos, se derrumban estructuras y acuerdos sociales que guiaron nuestra forma de actuar y pensar durante siglos. Planear a largo plazo es cada vez más complicado.
La incertidumbre también ha tomado forma en nuestra cultura ciudadana. Recientemente el INEGI publicó los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, en la que apenas el 23.9% de la población manifestó confianza en los partidos políticos; la misma fuente ubica que el 84.1% de la población asume que la corrupción es frecuente. Esta falta de confianza se ha traducido en una participación cada vez más pobre en las elecciones, y sin participación no hay ciudadanía.
El discurso polarizado que han asumido los actores políticos como materia prima de su narrativa y la desinformación rampante que se vive en los entornos digitales contribuyen fuertemente a la incertidumbre.
Las elecciones de gobernantes en un entorno democrático están sostenidas en el pilar estructural de la confianza; la certeza se construye con procedimientos claros y en tiempo. La certeza genera legitimidad y, gobiernos sin legitimidad están condenados al caos. Así que un criterio inicial para evaluar las propuestas de las personas que aspiren a cargos públicos es favorecer a quienes aporten certidumbre y confianza. No creo que sea algo a lo que debamos renunciar.
