Mujeres campesinas ¿Tierra y libertad?

Texto: Jade Ramírez Cuevas V. 

Foto: Jade Ramírez y Eva Robles

A las mujeres de San Isidro, Jalisco, a 10 años de denunciar al Estado mexicano en el Tribunal Permanente de los Pueblos contra la violencia a la tierra, despojo del ejido y envenenamiento a sus familias…pero que siguen sin justicia

El Grullo, Jalisco. 17 de diciembre de 2021. A las mujeres indígenas, mestizas, comuneras, ejidatarias y de cualquier edad en México, se les han reducido sus derechos sobre la tenencia de la tierra; sus opiniones no son tomadas en cuenta en el mismo nivel de importancia que los ejidatarios a la hora de tomar decisiones sobre el territorio en el que nacieron y del que se alimentan.

Hay dos razones para esto: la Ley Federal de la Reforma Agraria que le ha dado a los hombres el control del 72 por ciento de los ejidos como posesionarios o titulares.

Y es que en las poblaciones rurales del país, las prácticas sociales y culturales rigen la asignación de derechos de uso de tierras, es decir, los usos y costumbres en cada comunidad indígena y rural establecen condicionantes legales que obstaculizan a las mujeres ejercer en la misma libertad que un hombre, el derecho a la tierra.

Maricela Serio Carrillo es comunera de San Sebastián Teponahuaxtlán, en la sierra wixarika de Jalisco.

Esta joven de 24 años se considera una mujer “de mil trabajos” y ya acumula en su experiencia que fue secretaria de la Asamblea Comunitaria.

Ella relata cómo es la participación de la mujer en su comunidad y adelanta que está disminuida : “Aquí, aunque la mujer sea comunera, si tienes esposo no sales mucho a las asambleas, a las reuniones, donde se platica sobre la tierra, te tienes que quedar en la casa cuidando a los hijos y tu esposo tiene que ir a la reunión, y así no nos damos cuenta de que se trató o cómo va la problemática de la tierra.”

Para ella fomentar la participación de las mujeres en los asuntos comunitarios, pasa por romper la lógica de mantenerse un paso atrás como autoridades locales.

En San Andrés Cohamiata, también comunidad wixaritari de Jalisco, la problemática es la misma según la vivencia de Benita Mijarez : “Yo siempre he creído que el hombre se quiere poner encima de las mujeres pero pues no, que quiere agarrar todo la tierra de la gente, porque mi hermano piensa que el corral que estaba ahí era de mí papá nada más, pero no nada más era de él sino de toda la gente que trabajaba.”

A Benita se le dificulta tener acceso a la tierra y sembrar el alimento para su subsistencia.

A través de varias ceremonias las wixaritari siembran maíz, frijol y legumbres para su ciclo de vida.

Incluso, por problemas de acceso y posesión de la tierra, le fue arrebatada la vida de su primera hija.

Una ocasión que ella no estaba en la sierra, su hermano menor aprovechó para reclamarle el problema de la tierra a la niña cuando andaba sola con una bestia en el campo; le reclamó porque “se sentía único heredero”, dice Benita.

La forma en que murió en ese evento su hija, es un tema no esclarecido en la comunidad del que no se habla, pero resulta más cotidiano de lo que se cree.

En la sierra wixárika, las oficinas gubernamentales encargadas de prevenir y erradicar la violencia de género como Igualdad Sustantiva del Estado de Jalisco, o la Comisión Estatal de Derechos Humanos, saben de estos roles impuestos por los usos y costumbres -entre otros- pero los colocan como un asunto comunitario o doméstico, donde no se quieren meter.

Posesión de la tierra: desventaja legal y violencia estructural

 La mercantilización de la tierra ha provocado daños a la salud en ejidos y comunidades, así como un problema en la economía de las familias que no deciden cómo y para qué se rentan parcelas.

Claudia Gómez Godoy es abogada ambientalista, es la coordinadora del Plan de Justicia Integral en el conflicto socio-ambiental por la Presa Zapotillo de la Comisión Nacional del Agua y acompaña la articulación de campesinas y ejidatarias en el sureste mexicano.

Como defensora de derechos humanos ha conocido vivencias como la de Benita o Marisela en la sierra wixárika y explica que más allá de los roles de género, el problema se trata de una tenencia patriarcal.

“(Quienes) están enfrentando en muchas regiones a los proyectos de presas, minas, agroindustria, monocultivo, eólicas, parques solares, son en su gran mayoría las mujeres, jóvenes y muchas veces no son propietarias de la tierra”, afirma.

Esto detona un problema en la defensa del territorio porque a la hora que se ve quienes son los titulares del territorio, estos no están contra los megaproyectos, lo que representa un obstáculo para demostrar legitimidad en juicios agrarios.

Gómez Godoy confirma que el riesgo radica en que quienes hacen las negociaciones son los hombres con otra visión sobre la tierra.

Detalla la afectación de otros afectados ambientales que, por carecer de títulos de propiedad, es difícil considerarlos sujetos de derechos:

“Las empresas y el Estado lo que están haciendo es negociar con los titulares de la tierra, excluyendo a otros usuarios que no son titulares. Por ejemplo, en el Tren Maya, en el Transístmico en las tierras de Yucatán, sucede que las empresas o quieren comprar, rentar, van con los ejidos donde no están representadas las mujeres, los jóvenes y un gran sector”.

Se ha vuelto difícil la lucha porque, las mujeres que no cuentan con trámites legales de por medio, sólo pueden opinar cómo se usa la tierra cuando viven dentro de una familia donde el padre tiene un título agrario que lo avale, están casadas, enviudaron, o un hermano lo permite.

Las mujeres sí asisten a las Asambleas Comunitarias pero en calidad de mandatarias con un poder que les da el padre, marido o hermano. Sólo tienen voz y voto en las asambleas “blandas”, en donde los temas no son cruciales.

Pero si se va a cambiar el sentido del uso de la tierra o incluso la desaparición del ejido, como explica Gómez Godoy “ni de mandatarias tienen acceso, sólo los titulares pueden ingresar y siempre la mayoría son hombres”.

El dato más reciente reconocido por el propio Registro Agrario Nacional (RAN), es que la titularidad recae en mujeres ejidatarias en un 28 por ciento, en promedio.

Sobre por qué todavía no se alcanza ni siquiera el 50 por ciento de la titularidad para las mujeres, la abogada Gómez Godoy lo explica: “tuvo que ver con modificaciones a ley, cuando se daban resoluciones presidenciales era a los hombres como cabeza de familia, había a una idea de que la familia era la propietaria; es en la Ley Federal de la Reforma Agraria donde se afianza más la idea del hombre e incluso hay legislación que en su momento prohíbe que las mujeres sean propietarias de la tierra”.

La falta de reconocimiento de ellas como titulares de las tierras o la poca injerencia que la ley les concede sobre la decisión de cómo se renta, ha traído afectado la vida en el campo.

Que la tierra sea de quien la cuide

La agroecología es el movimiento para frenar los impactos de la agroindustria, y son ellas quienes están apropiándose de otras prácticas, pero no es suficiente.

Al sur del estado de Jalisco se ha gestado un movimiento de mujeres campesinas empeñadas en revertir los daños ambientales y a la salud, provocados por la agroindustria.

A la violencia sistémica contra la mujer, impulsada por las prácticas comunitarias y las determinaciones agrarias que tienen que ver con la agroindustria, se suman los efectos dañinos al campo.

Los roles de género en el campo se multiplican. Además de cuidar y sacar adelante una casa, las campesinas trabajan la tierra con poco o nulo margen de decisión ni remuneración económica.

María Cristina González Díaz, es una de las 13 ejidatarias de Jacinto Galindo La Ciénega, en El Limón, municipio de Jalisco, que representan menos del cuarto por ciento de los ejidatarios.

González Díaz es la tesorera en la Mesa de Bienes Comunales, por regla de paridad de género. También trabaja en el gobierno municipal de El Limón, municipio ubicado al sur de Jalisco.

Ahí, la agroindustria y el monocultivo se extienden sobre los valles del territorio y los cerros tienen con mordiscos por la minería que procesa minerales que se van al extranjero, o por el agave que plaguicidas.

En Jacinto Galindo La Ciénega es un ejido afectado fuertemente por la minería y por la agroindustria. Con cien hombres ejidatarios y sólo trece mujeres con titularidad legal para la posesión de la tierra, resulta difícil para ellas la toma de decisiones a favor del cuidado del medio ambiente.

Al hacer memoria para explicar por qué son solo trece mujeres y cómo tienen los títulos que las acreditan, invoca a su madre en la primera lucha que se ganó dentro de su familia, sobre equidad de género, porque las tierras siempre se heredan a los varones, señala.

“Me acuerdo que mi papá le había comentado a mi mamá que la tierra iba a ser de ellos y mi mamá dijo: “‘No, va a ser de todos’. Y a lo mejor se consideraba que nosotras no la íbamos a trabajar”, cuenta en la oficina municipal.

Cristina ha puesto en práctica la agroecología y redescubrió en los desechos otras potencialidades a favor de la siembra.

La migración de hombres a otro giro laboral o hacia Estados Unidos de Norteamérica en busca de un “progreso económico”, provocó que las mujeres se queden al cuidado de la tierra, aunque están impedidas para obtener la titularidad que les permitiría decidir sobre ésta.

Cristina recuerda lo que le dijo un ingeniero la primera vez que fue al ingenio cañero: “’No tenga miedo, hay mujeres productoras y le puedo garantizar que producen más que los hombres’. Y pues tú vas aprendiendo lo que necesita la tierra y te vas encariñando”. Es la reflexión con la que se quedó la ejidataria quien como titular también entró en una planilla y ya tiene un cargo administrativo.

Si es tesorera es porque se hizo una adhesión al segundo párrafo del artículo 37 de la Ley Agraria, que quedó legislado en diciembre de 2016.

El artículo establece que tanto hombres como mujeres pueden postularse a las candidaturas, pero un solo género no debe rebasar el 60 por ciento:

Las candidaturas a puestos de elección que integran el comisariado ejidal y el consejo de vigilancia, deberán integrarse por no más del sesenta por ciento de candidatos de un mismo género, pudiendo aspirar a cualquiera de los puestos indistintamente.

A Cristina González Díaz y a otras ejidatarias “les confían” cargos porque hay una reforma y culturalmente, como las cuidadoras saben manejar los bienes y el dinero, escribir a máquina y son puntuales, hacen una administración de los bienes comunales más pulcro.

“Los hombres sí confían en las mujeres para el manejo del dinero”, recalca González Díaz en la entrevista que sostuvimos en su oficina municipal.

La tesorera del ejido La Ciénega revela que a nivel ejido y como Asamblea, no se han tomado decisiones colectivas por la agroecología y para dejar de usar tantos fertilizantes.

Aunque El Limón se declaró gubernamentalmente como municipio agroecológico, la también productora de ciruela reconoce que los esfuerzos son individuales y pone de ejemplo a Rodo, un ambientalista de la localidad que da capacitación sobre fertilizantes naturales.

Otra forma de hacer política, o el feminismo rural

Estar en el sur de Jalisco es mirar cómo el Llano en Llamas de Juan Rulfo fue desgajado por la minería y ocupados los valles, por la industria tequilera que requiere grandes cantidades de plaguicidas para que, a las piñas del agave nada las enferme.

Por eso, conocer procesos de agroecología entre mujeres, de cara al Gigante agroalimentario, como se le conoce a la entidad en el occidente de México, resulta no esperanzador, sino un botón del “feminismo más radical”, como lo llama Claudia Gómez.

Saberes Colectivos y Autonomía A.C. es una agrupación en El Grullo, Jalisco, que impulsa la recuperación del territorio, no sólo en el ámbito legal, sino desde las buenas prácticas ecológicas.

Esa es la posibilidad de sanar y controlar la explotación de bienes naturales.

Eva Robles también es abogada, pero se ha volcado al activismo y desde ahí tiene la documentación más vívida de los daños de la agroindustria de Monsanto, El Tequila y Bayer, en el sur del estado.

En un recorrido por su territorio, muestra las buenas prácticas agroecológicas que rápidamente están provocando efectos de reparación ambiental y sanación a la tierra.

Al caminar por su parcela de 7 hectáreas en el ejido Autlán – donde hay 300 ejidatarios-, Alma cuenta que, tras iniciar un juicio de sucesión al quedar viuda, se hizo cargo del cañaveral. Le dijeron que ella no podría hacerlo… y lo hizo.

Actualmente la caña más frondosa del ejido la tiene ella y me comparte sus planes:

“En este año pienso cosechar en verde, la materia prima que antes desechaban porque decíamos es estorbo. Estoy viendo qué le hace falta a la tierra y son muchos los beneficios que aporta, quiero no sacarla y tener una tierra próspera. He aprendido que no debemos quemar la punta y no poner tantos químicos en el zacate, es mejor que se pudra y hay plantas que podemos reusarlas como la higuerilla para la mosquita que elimina plagas.”

Siempre creyó en las buenas prácticas agroecológicas, pero hasta que enviduó y tomó posesión del cañaveral, comprobó que era lo mejor para su siembra.

Para Claudia Gómez Godoy se trata de una mirada distinta:

“Hay una relación distinta a la alimentación. Cuando los hombres producen están pensando en la venta y es alimento que no se van a comer, cuando las mujeres producen están pensando en su consumo en su familia, si sobran, van a vender o intercambiar. Esa diferencia entre la producción hace que obviamente a los hombres no les importa mucho si la van a llenar de químicos, en cambio a las mujeres sí, entonces son más cuidadosas de lo que le van a aventar”.

En ejidos la paridad de género es a modo

Para la magistrada Maribel Méndez de Lara del Tribunal Superior Agrario, algo distinto sí están haciendo las mujeres en la defensa del territorio.

Ella plantea dos acciones concretas para reparar el trato desigual que han enfrentado las mujeres en el campo, específicamente las ejidatarias: “Debe haber programas sociales que les permitan a las esposas comprar la tierra que su pareja pretende vender”.

Esto que menciona se trata de la prescripción positiva y es cuando por migración del hombre o desaparición, una mujer lleva las riendas de la parcela por cinco años y en automático, debería obtener la titularidad, pero aún no sucede.

Sobre la visión diferenciada, Méndez de Lara llama a las campesinas “guardianas”.

Y se refiere a las prácticas de cuidado del medio ambiente: “Lo hemos observado en muchos núcleos agrarios, es porque no haya deterioro de los recursos naturales; ellas se transmiten entre generaciones, tradiciones, valores culturales, hábitos alimenticios.”

Algo que le llama la atención y lo comenta durante la charla, es que ha visto a presidentas de Comisariado ejercer nulidades de actos de autoridad contra despojos o contratos inequitativos con los núcleos agrarios. 

Un ejemplo que mencionó durante la entrevista con Perimetral, es el de la Reserva Natural Celestún en Yucatán, donde Luz de Alva Solís en su condición de presidenta de Bienes Comunales, promovió que se arraigaron los jóvenes y se diversificara la economía local para aprovechar de manera sostenible los recursos naturales del ejido.

La otra problemática que confirma la magistrada es que la cuota de género en cargos de elección en ejidos, la ajustan los líderes para que las mujeres sólo lleguen a suplencias.

En estos momentos, del 28 por ciento que representan las mujeres con titularidad como ejidatarias, sólo el 18 por ciento hasta 2018 ha resultado elegida como presidentas ejidales, de acuerdo con el RAN.

La Ley Agraria está por cumplir 30 años y de cara al aniversario, la magistrada Maribel Méndez de Lara del Tribunal Superior Agrario, reconoce que hay aún cambios legislativos que se deben aplicar sobre parcelas y herencias, pero principalmente la transformación deviene de cambios culturales o de usos y costumbres.

Cambiar las reglas: un cambio cultural en el campo y el gobierno

Más que feminizar, las expertas consultadas y las propias campesinas, hablan de desvaronizar la práctica gubernamental.

“El Estado debe pedir que haya paridad en la representación de las discusiones y las empresas hacer lo mismo, pues a muchas negociaciones llegan las compañeras y tratan de tener paridad, pero hay puros hombres y eso puede ser intimidante”, agrega la defensora de derechos humanos Claudia Gómez Godoy.

También urge a hacer censos con enfoques de género y ambiental para saber quiénes trabajan la tierra en un sentido ecológico-ambiental, sin un enfoque productivista.

Pone de ejemplo cómo a las mujeres en la defensa territorial se les ve manteniendo los campamentos de la resistencia contra empresas y gobiernos o en la acción directa, pero a la hora de las negociaciones, las mujeres no van porque esos espacios los ocupan los hombres.

Que las políticas públicas apliquen el enfoque de género, también pasa por entender lo que les significa trabajar la tierra y, en realidad es <<cuidarla>>.

Sin ser posesionarias de la tierra, estas mujeres en El Grullo aplican buenas prácticas agroecológicas; nació un tejido único alrededor de buscar el bien para ellas y sus familias.

Si se reconoce el rol que juegan las mujeres a favor de los bosques, acuíferos, manantiales y los ecosistemas en general, representará el inicio de un cambio donde ellas tengan la batuta sin presiones y con condiciones de libertad.

Cada día, las mujeres resisten al interior de sus comunidades, frente a las autoridades y contra un gigante de la industria alimentaria que busca multiplicar productos con mano de obra barata, violentada, pero están consiguiendo importantes cambios a favor del campo.

Marisela, Benita, Cristina, Alma y quienes cuidan las cuadrillas de huertos agroecológicos y proyectos con el medio ambiente, caminan desde su dimensión para proteger la vida humana de cara al futuro.

Las respuestas gubernamentales han sido insuficientes, si sólo escucharan lo que las campesinas tienen que decir, podría ser el inicio de otro destino para el campo, lejos de la sobreexplotación de los recursos naturales.  

Este texto forma parte de Cambia La Historia, un proyecto desarrollado por la DW Akademie promovido por el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania, con el objetivo de visibilizar las capas de la violencia contra las mujeres más profundas y admitidas socialmente.

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