El pronunciamiento va enfocado en priorizar una vida digna, sana, trabajar en armonía con la naturaleza, y articular esfuerzos entre sociedad civil, autoridades, académicos y universidades, que permitan a mediano plazo la eliminación de los plaguicidas altamente peligrosos.
Por: Mayra Vargas
Autlán de Navarro, Jalisco. 5 de febrero de 2020. (Letra Fría) Debido a la situación de la presencia de plaguicidas en la comunidad de El Mentidero y Ahuacapán, en Autlán de Navarro, este lunes distintas organizaciones agroecológicas e investigadores de diversas universidades emitieron una declaratoria y recomendaciones para el gobierno municipal, del estado y de la federación para atender el problema.
El documento emitido por el Movimiento Agroecológico de América Latina y El Caribe-Capitulo México (MAELA-México), hace mención del evento del pasado 3 de diciembre de 2019 en el Centro Universitario de la Costa Sur, durante el foro por el Día Mundial de No Uso de Plaguicidas. En el foro participaron afectadas, afectados, autoridades municipales, estatales y federales, además de expertos quienes hablaron sobre los impactos en la salud y el ambiente que provoca el uso de plaguicidas en la región de Autlán y en la población en general, así como de las alternativas agroecológicas que ya practican algunos productores de la región.
Se señala que las evidencias científicas presentadas en las comunidades de Ahuacapán y El Mentidero “requieren una atención urgente de las autoridades municipales, estatales y federales y son indicadoras de la falta de control en el uso de plaguicidas, de los riesgos que corren las comunidades rodeadas de cultivos que dependen del uso de venenos contaminantes”.
“Es inaceptable sacrificar la salud de la población y seguir envenenando el ambiente con una agricultura en la que solo importa la ganancia a corto plazo sin pensar en las consecuencias para las generaciones futuras”, manifiestan.
Expresan que resulta insuficiente solo capacitar en buenas prácticas de manejo de plaguicidas, como propone la industria de agroquímicos; pues:
“Se requiere que las autoridades apliquen el principio precautorio frente a los graves riesgos del uso de plaguicidas, especialmente de los plaguicidas altamente peligrosos usados en la región, y defender los derechos de la población en mayor situación de vulnerabilidad como los niños, niñas y mujeres embarazadas”.
El pronunciamiento va enfocado en priorizar una vida digna, sana, trabajar en armonía con la naturaleza, y articular esfuerzos entre sociedad civil, autoridades, académicos y universidades, que permitan a mediano plazo la eliminación de los plaguicidas altamente peligrosos.
Con la intención de generar estrategias que encaminen a solucionar la problemática, también emiten diversas recomendaciones, que de manera textual señalan:
- Se requiere una efectiva coordinación interinstitucional a nivel municipal, estatal y federal para abordar la problemática de los plaguicidas, poniendo en primer lugar la protección del derecho a la vida, a un medio ambiente sano, a producir y consumir alimentos saludables y a proteger la salud de las niñas y niños, las mujeres, los trabajadores agrícolas, las comunidades del entorno y la población en general.
- Los niños y mujeres embarazadas están más expuestos al efecto de los venenos-plaguicidas, por lo que hay que prevenir el riesgo. De manera prioritaria se debe prohibir el uso de plaguicidas en parcelas cercanas a núcleos de población y de las escuelas por parte de municipios y autoridades estatales y federales.
- Se deben generar programas de educación ambiental a nivel federal, estatal y municipal para la población en general, incluidas las autoridades municipales para la eliminación progresiva de plaguicidas y para el manejo alternativo y agroecológico, de plagas y enfermedades agrícolas y urbanas.
- La comisión de Derechos Humanos debe auspiciar programas de educación para la población en general para el ejercicio de sus derechos a un ambiente y una alimentación sana, como derecho humano que atañe a toda la sociedad; así como educar a las autoridades de todo tipo sobre sus obligaciones en la defensa de esos derechos.
- Ya que existen sobradas evidencias científicas de que los alimentos producidos sin plaguicidas (organofosforados, piretroides y neonicotenoides) disminuyen la presencia de estas sustancias tóxicas en el cuerpo de niños, mujeres embarazadas y adultos, se debe impulsar en los municipios la producción de alimentos libres de tales sustancias.
- Ya que los municipios tienen competencias para restringir el uso de plaguicidas, se recomienda que sus autoridades exijan que las empresas fabricantes, las formuladoras y las casas expendedoras de plaguicidas se hagan responsables de los envases generados por su uso.
- Se requiere impulsar procesos formativos en agroecología, cooperativismo y economía solidaria, pues dichas formas de ser, estar y hacer han demostrado nuevos horizontes de posibilidades. Son ejemplo de ello los diferentes tipos de huertos: escolares, comunitarios, familiares y de traspatio, que son espacios donde se gestan nuevas formas de ciudadanía, y pueden ser herramientas pedagógicas y faros agroecológicos en la construcción de soberanía alimentaria.
- En las universidades y centros de estudio de Agricultura, se requiere modificar las currículas hacia una agricultura ecológica, una agricultura para la vida. Desde las instituciones deben ponerse las bases legales y de mercado que hagan viable el escalamiento hacia la agricultura ecológica.
Al final del documento exhortan a las autoridades responsables de la vigilancia en el cumplimiento de los derechos humanos, a que elaboren una recomendación sobre el uso de plaguicidas a las autoridades municipales y estatales, “no menos exigente a la Recomendación 82/108 realizada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre los plaguicidas de alta peligrosidad”.
El documento menciona a nueve organizaciones, entre ellas a las madres de niños afectados por plaguicidas de la comunidad del Mentidero, Productores Sustentables Costa Sur-Sierra de Amula, Red de Alternativas Sustentables Agropecuarias de Jalisco (RASA), Mercado Agroecológico El Jilote, Cooperativa de Consumo Consciente Milpa, Semillas Colibrí, Tlalixpan, Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México (RAPAM, A.C.), Movimiento Agroecológico Mexicano (MAM) y el Movimiento Agroecológico de América Latina y El Caribe- Capitulo México (MAELA-México).
Además de investigadores del Centro Universitario de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara, el Centro Universitario del Sur, el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS-Occidente), Centro de Investigación y Recursos para el Desarrollo A.C. y la Facultad de Medicina -Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).
LL/LL
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