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CIUDAD DE MÉXICO. – El proyecto de decreto ha sido aprobado por la Cámara de diputados y el pase de la Guardia Nacional al mando de la Sedena parece ser un hecho. Sin embargo, en el debate público aún quedan muchas aristas por abordar.
En un país que ha vivido la presencia el Ejército en la vida pública; azotado muchas veces por la violencia que generan los grupos criminales, y también por las violaciones a los derechos humanos en las que han incurrido los militares, advertir los riesgos de esta acción no es un asunto menor, que tampoco debe tomarse a la ligera.
En un Estado de Derecho, la constitución es el entramado legal que permite poner límites a las decisiones gubernamentales. Así es que, en el debate sobre la Guardia Nacional, mucho se ha hablado sobre su transgresión por parte del ejecutivo federal.
Pero ¿es esto real? ¿Qué implica el proyecto de decreto presidencial? Y, de manera más concreta, ¿está la seguridad pública separada de lo militar? ¿Es el proyecto del presidente un esfuerzo para desmilitarizar a las fuerzas armadas?
Para responder a estas interrogantes dialogamos con el abogado constitucionalista Federico Anaya, quien repasando la historia de las fuerzas de seguridad en el país, y su relación con la Constitución, aborda la complejidad de esta discusión.
“No necesariamente es inconstitucional lo que está promoviendo el presidente, lo que requiere es que reconceptualicemos las funciones civiles y las funciones militares. Si no discutimos con detalle las cosas, no vamos a salir adelante”.
*Este es un trabajo de Pie de Página, puedes leer el original en su página web*
