Por: David Chávez Camacho
Autlán de Navarro, Jalisco. 07 de diciembre de 2020. (Letra Fría) El 5 de octubre pasado se publicó información de la Dirección General de Inteligencia Política Criminal y Prevención del Delito de la Fiscalía del Estado, con un dato vergonzante, el que más resulta, es que Autlán es el municipio del distrito o región 13 con mayor número de denuncias por abuso sexual infantil.
Esta región es integrada por los municipios de Autlán de Navarro, Ayutla, Cuautla, Chiquilistlán, Ejutla, El Grullo, El Limón, Juchitlán, Tecolotlán, Tolimán, Tonaya, Tuxcacuesco y Unión de Tula. Autlán ocupa el primero lugar, seguido de El Grullo y de Ayutla.
Al dato de la Fiscalía puede agregarse el del CEINJURE, Centro Integral de Justicia Regional de la Costa Sur con sede en Autlán de Navarro, que resguarda a 105 personas privadas de la libertad, de las cuales 37 están ahí por el delito de abuso sexual infantil, y 13 por el de corrupción de menores, más siete por violación. Obsérvese que más de 50 por ciento están ahí por delitos que afectan a menores de edad y/o delitos sexuales.
La información referida fue obtenida vía transparencia, lo que es de notar, pues de tal vía resulta que las autoridades no informan de este tipo de problema, si no es por la obligatoriedad de transparentar cuando algún ciudadano lo solicita. ¿Por qué? Quizá porque si informan se obligan también a hacer algo al respecto.
Como sea, es notable también que se trate de delitos cometidos por las personas más comunes, incluso las más cercanas a las víctimas. No son delitos cometidos desde el poder público, aunque sí derivan de abuso de poder, el que se ejerce en la familia y en los entornos vitales de las niñas y de los niños.
Aunque las autoridades señalan que el uso de drogas y bebidas embriagantes suele estar presente en la comisión de este tipo de delitos, vale la pena destacar que el perfil criminológico de las personas privadas de la libertad por tal motivo no revela necesariamente tercera edad, pobreza ni carencia escolar. De hecho, suelen ser jóvenes de entre 14 a 30 años de edad, con estudios escolares.
A la gravedad de lo referido hay que agregar que delitos de este tipo suelen no ser denunciados, ni siquiera reconocidos por los adultos que rodean a los niños, sobre todo a las niñas. No creo equivocarme si me aventuro a añadir la idea de que las autoridades e instituciones relacionadas con la atención a esta problemática, no lo hacen suficiente ni eficientemente.
Sin embargo, parece necesario enfocar este problema en la sociedad toda. Son los padres, la familia ampliada, los ámbitos escolar y comunitario, en donde se halla la responsabilidad mayor en este sufrimiento callado de las niñas y los niños.
Por supuesto, es de dar vergüenza. No hay justificación alguna, absolutamente ninguna, ni siquiera si se consume droga o alcohol, de un abuso tal, de tan alta traición a las personas más vulnerables, débiles, delicadas y confiadas, las niñas y los niños, por parte de los adultos que se supone deben protegerles. He aquí un problema que aumentó con el confinamiento ocasionado por la pandemia de COVID-19.
MA/MA
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