Este lunes, David Chávez Camacho nos habla sobre la consulta popular propuesta por el presidente de la República y las implicaciones políticas que conllevan su aprobación.
Por: David Chávez Camacho
Autlán de Navarro, Jalisco. 5 de octubre de 2020. (Letra Fría) Por estos días, el asunto más comentado en los medios tradicionales y por redes sociales fue el de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a la solicitud del presidente Andrés Manuel López Obrador de declarar constitucional una consulta a los ciudadanos.
La idea del presidente de la república era la de preguntar a los ciudadanos si éstos y éstas estarían de acuerdo en juzgar a los expresidentes, con la siguiente pregunta: “¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes investiguen y en su caso sancionen la comisión de delitos de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, antes, durante y después de sus gestiones?”.
Por supuesto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se vio presionada por la opinión pública desde distintos frentes, y terminó con un fallo a favor de la constitucionalidad de tal consulta, pero con otra pregunta, que es la siguiente: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.
La solicitud del presidente a la Suprema Corte fue informal, durante una de sus ruedas de prensa mañaneras, con su estilo personal de gobernar. Y tal petición fue acompañada de la advertencia de que enviaría una iniciativa de reforma del Artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos si su propuesta a la Corte fuese rechazada.
Ese Artículo constitucional, el 35, aborda precisamente, entre otros, el asunto de las consultas populares. De tal manera, los magistrados de la Suprema Corte de Justicia se hallaron presionados y determinaron aceptar la propuesta del presidente, con el cambio de pregunta ya referido.
Uno de los asuntos de fondo es este caso, es que las consultas populares deben realizarse el mismo día de las elecciones federales, de tal forma que una consulta con la pregunta original que propuso el presidente tendría una enorme carga psicológica y política de efectos electorales, la de nombrar a expresidentes de la república emanados de partidos políticos ahora de oposición, como presuntos delincuentes, de manera paralela a la elección.
Por supuesto, otro aspecto no menor de tal consulta habría sido el de la posibilidad de avalar en la opinión pública la judicialización de investigaciones y sanciones a tales expresidentes, actos que se puede dudar quiera hacer en realidad el presidente.
Al final, la cosa es que se falló como constitucional una consulta con una pregunta que dice todo y nada, y que en todo caso propone “esclarecer decisiones políticas” de quienes son nombrados como “actores políticos” y no como expresidentes con nombre y apellidos. Un “actor político” es cualquiera, incluso un ciudadano común.
Bueno, quizá después de esto los “actores políticos” estarán muy esclarecidos, sin que ello vincule a ninguna instancia oficial de justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ganó la partida, le dio su consulta inútil al presidente y evitó que éste pudiese enviar su iniciativa de reforma constitucional. Atole con el dedo. Sólo opinión pública.
LL/LL
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