Desde que el ser humano inició su proceso civilizatorio y sobre todo cuando logró un avance considerable al implementar la agricultura a su sistema de vida y con ello hacerse sedentario, estableció las bases para impulsar un mayor desarrollo que incluía un incremento de la población, de la producción en general y por lo tanto de su organización, de sus formas de establecer relaciones sociales y estructuras de gobierno.
Todo parece indicar que la forma de gobierno en esta etapa fue la monarquía, con un rey apoyado en un consejo de gente de poder.
Gobernantes en el México Prehispánico
La monarquía de los antiguos mexicanos estaba conformada por la nobleza. Los sacerdotes y guerreros tenían acceso a riquezas y tierras.
Mientras que la gente del pueblo llamada macehualtin se desempeñaba en labores de agricultura y artesanías, es así que el poder político y militar lo poseía un grupo minoritario que dominaba y tenía todos los privilegios, estaba compuesta además de sacerdotes, guerreros, también incluía arquitectos, artistas y comerciantes de élite que vivían en los centros ceremoniales; y el resto de la población subordinada, se dedicaba al campo principalmente aunque también existían diversos oficios que se llevaban a cabo con eficiencia y una gran creatividad, lo cual reflejaba los principios fundamentales de su cosmogonía.
Los macehualtin tenían la posibilidad de mejorar su situación social incursionando en la guerra o el comercio. Ellos vivían en calpullis(barrios) los cuales estaban conformados por familias comunes que heredaban esos territorios.
En cada calpulli existía un delegado electo por el tlatoani para registrar cada una de las tierras de la comunidad y controlar las labores del cultivo.
El Huey tlatoani era el orador y jefe de todo el pueblo, era la máxima autoridad, pues estaba al mando del consejo supremo, conformado por otros gobernantes menores de otros pueblos, así como militares y delegados.
Con la invasión de los españoles en el siglo XVI a estas tierras, prácticamente se terminaron las estructuras sociales que sostenían al sistema.
El México actual
Hasta antes de la creación del ahora INE, los comicios en el país se efectuaban a través de la Comisión Federal Electoral, un ente gubernamental que no garantizaba la transparencia ni legalidad.
Fue en 1990 cuando, a partir de las reformas realizadas a la Constitución en materia electoral, el Congreso de la Unión expidió el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) y ordena la creación del Instituto Federal Electoral IFE, a fin de contar con una institución imparcial que dé certeza, transparencia y legalidad a las elecciones federales.
En 1993, el Poder Legislativo le otorgó al entonces IFE las siguientes atribuciones:
- Declarar la validez de las elecciones de diputados y senadores
- Expedir constancias de mayoría para los ganadores de estos cargos
- Establecer topes a los gastos de campaña
Como las democracias al igual que las sociedades son dinámicas e inestables, en el año 2014 el IFE se transforma en INE, adquiere mayores atribuciones y un prestigio internacional ganado con el paso de los años.
Sin embargo, es necesario que, al finalizar el proceso electoral actual, se realice una convocatoria a nivel nacional que permita a los diversos sectores sociales expresar sus ideas y propuestas para mejorar todo el sistema electoral desde una perspectiva global y moderna, incluyendo la participación proactiva de los tres poderes.
Sobre todo, de los legisladores, el sector académico e iniciativa privada. Con apego a la normatividad las iglesias también tendrían que expresar su postura, dado la enorme influencia que aún ejercen en ciertos sectores de la población.
Por lo pronto con este arbitro y reglas vamos a enfrentar la jornada electoral del 2 de junio e independientemente de quien resulte triunfador en los diversos cargos de elección, la ciudadanía tendrá que estar muy al pendiente del cumplimiento de sus promesas de campaña. Ya existen diversos ¨observatorios ciudadanos”, con esa función.
No estaría nada mal implementarlos en la región, facilitaría un esquema de gobernanza: donde la ciudadanía tenga algún tipo de incidencia efectiva en la toma de decisiones en asuntos de interés público y estratégico.