Por: Susana Rodríguez/Perimetral
Aceptar la creciente iniciativa del Estado Mexicano por promover la explotación de litio como un bien nacional que fortalecerá la “soberanía” sería dejar entrar una amenaza más para generar zonas de sacrificio, despojo de los pueblos y destrucción de los territorios, dijo en entrevista a Perimetral Grecia Eugenia Rodríguez Navarro, representante del Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas (OCMZac) y de la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA)
De frente al riesgo latente de la explotación de este mineral, la red mexicana elaboró el Informe Explotación de Litio en México ¿Interés público o extractivismo trasnacional? (2023) en el que ubican como territorios con mayor riesgo de ser afectados, los estados de Baja California, Sonora, San Luis Potosí y Zacatecas.
“En aras de la falsa transición energética impuesta por el norte global que traerá consigo problemas socioambientales y va a generar más zonas de sacrifico en el país con un discurso que en realidad apunta a la dependencia y emplea el despojo de los pueblos y la destrucción de los territorios a favor de un modelo extractivo público-privado en medio de una crisis ambiental y desigualdad” .
Grecia Rodríguez
“Exploración por litio”
Según este informe, en agosto de 2021 a nivel federal la Secretaria de Hacienda destinó 49.3 millones de pesos para el Programa y Proyecto de Inversión (PPI) del Servicio Geológico Mexicano denominado “Exploración por litio” para los años 2021 y 2022.
El objetivo era identificar la calidad y cantidad de litio que aparentemente se encuentra en 82 localidades de 17 estados.
Hasta febrero del 2022, en el caso de Jalisco se habían explorado tres localidades, Jalostotitlán, Atoyac y Tlajomulco de Zuñiga y existían otras siete con posibilidades de tener litio. La totalidad de muestras ubicadas en esta zona fueron 106 tipo arcilla, que según especialistas su explotación es más costosa que en roca o salmuera.
A finales de octubre de 2022, Perimetral tuvo una conversación con un integrante de la comunidad wixárika y tepehuana de San Lorenzo de Atzqueltán, en el municipio de Villa Guerrero, una zona que ha vivido entre amenazas y explotación.
Esta comunidad en esa fecha (octubre 2022) tenía vigentes nueve juicios agrarios para obtener la restitución de 38 mil hectáreas y 30 denuncias de agresión incluidas en una queja presentada ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco.
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