Por: Vianney Martínez Pérez
El Limón, Jalisco.- Hace más de una semana el terror se desató en la cuenca de Ayuquila: peces muertos y olores putrefactos emanan del tramo conocido como río Tuxcacuesco. Se trata de un ecocidio. Ahora, defensores y activistas ambientales de la región exigen a autoridades sancionar a quienes son responsables de esta situación.
La muerte de animales y la contaminación del ecosistema que atraviesa por San Buenaventura y San Juan de Amula no es un casualidad, es consecuencia de una serie de actividades poco sustentables, al menos así lo reconocen activistas de la región. La problemática ya escaló a nivel estatal, después de que autoridades de El Limón denunciaran el ecocidio a dependencias como la PROEPA y la SEMADET.
En respuesta, la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PROEPA) arrancó con una investigación que tiene como meta encontrar a los causantes del ecocidio y castigarlos de acuerdo con las Normas Ambientales del país.
La urgencia surgió después de que un grupo de investigadores de la Universidad de Guadalajara (UdeG) y la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Cuenca Baja del Río Ayuquila (JIRA) revelaran los resultados de un estudio en la zona. Los expertos analizaron muestras de fauna acuática muerta y de agua del río; las pruebas arrojan niveles superiores de nitratos y fosfatos.
¿Qué piden los activistas?
Letra Fría contactó a dos activistas sobresalientes de la región. El premio Jalisco de Medio Ambiente 2022 y promotor agroecológico, Rodolfo González Figueroa, y la fundadora del proyecto Vigilando Ríos y Arroyos, Enya Roseli, coincidieron en que las dependencias gubernamentales tienen que emitir sanciones contra los responsables de la grave contaminación en el río Ferrería, conocido como Tuxcacuesco.
Previamente, un comunicado oficial del gobierno de El Limón anunció que la fuente del ecocidio en el río podría haber sido provocada por actividades industriales y agrícolas de la región. Sin embargo, González Figueroa asegura que es obra de una empresa de alimentos procesados; en realidad, en la zona en la que se generó el daño ambiental, descargan sus residuos una granja de cerdos y otra empresa que se dedica a la producción de aves. Ambas están ubicadas en el municipio de El Limón.
«Suponemos que es la consecuencia de una producción de alimentos tóxicos. Esto no es novedad y no es un caso aislado, es lo que provoca un modelo de producción», dijo el promotor.
Rodolfo enfatiza en que la producción en masa de dichas empresas no cuentan con el manejo y la distribución adecuada, es decir, no aplican las Normas Ambientales. Otro detalle, es que en las localidades aledañas no existen organizaciones sociales que defiendan los recursos naturales.
«Nadie de la población de El Limón ha solicitado que venga y se implante una empresa que produzca pollos y puercos en masa. A nadie vino hacernos un favor, nadie lo demandó y nadie la defiende. Son invasiones de gente de fuera que no nos están dejando nada, solamente la muerte», finalizó.
Como exigencia, activistas solicitan la clausura de la planta de alimentos. En su debido caso, una sanción económica y acciones de restablecimiento del ecosistema; un programa de tratamiento de aguas residuales y su participación en proyectos agroecológicos.
¿Cómo se puede aminorar el problema?
El tramo Tuxcacuesco no es el único afectado. El agua del río Ayuquila recorre municipios de la región, para llegar a espacios más abiertos. El panorama apunta a que la mayor parte de la Sierra de Amula podría resultar afectado; impacta en el medio ambiente y en la salud humana.
Enya Roseli, desde su experiencia, comparte cómo algunas acciones podrían aminorar el daño en la cuenca:
«Es crucial realizar una limpieza y restauración del ecosistema afectado para permitir que la vida acuática se recupere. Además, se deben implementar medidas para reducir la contaminación futura, como el control y tratamiento adecuado de los vertimientos industriales y agrícolas. Se debe promover el uso responsable de agroquímicos y fomentar prácticas sostenibles en la agricultura», explicó.
Asimismo, ambos activistas aseguran que la sociedad civil posee un gran impacto en la conservación de los espacios naturales. Por su parte, González Figueroa apuesta por el consumo de productos locales, de granjeros de la comunidad y sustentables; Enya sostiene que visibilizar información de la problemática y la ciencia, producen conciencia en la población.
Al momento, la PROEPA no cuenta con la identidad de los inculpados. El Código Penal Federal priva de la libertad hasta con quince años a quien cometa ecocidio.
MV
